El Govern de la Generalitat aprobará en el Consell Executiu del martes el proyecto de ley de la ocupación pública de Catalunya. Esta nueva norma tiene como objetivo definir un sistema de selección y provisión de puestos en las administraciones públicas catalanas, facilitar la movilidad entre administraciones e impulsar el reconocimiento de la carrera profesional horizontal, entre otras medidas.
Alícia Corral, secretaria de Administració y Función Pública de la Generalitat, afirmó que «es imprescindible disponer de nuevas herramientas para esta nueva administración del futuro con el objetivo de retener el talento interno y reclutar talento externo para tener una administración mucho más eficaz».
Desde el Ejecutivo se defiende la necesidad de reformar la ocupación pública en Catalunya, considerando la «rigidez» y obsolescencia de la normativa actual. Además, esta reforma busca captar y retener el talento de los empleados públicos, y afrontar el reto del relevo generacional en las administraciones debido al envejecimiento de la plantilla y a las jubilaciones previstas en los próximos años.
El Govern también destacó el trabajo previo para consensuar la norma con sindicatos, entidades municipalistas, universidades públicas y fuerzas parlamentarias. La ley afectará a unos 400.000 empleados entre el personal de la Generalitat, los 947 ayuntamientos catalanes y las 7 universidades públicas, así como a consejos comarcales y diputaciones.
Se prevé que, una vez se inicie la tramitación de la norma en el Parlament, se logre el consenso de la mayoría y pueda ser aprobada este año, ya que se trata de una norma con un importante carácter técnico, consensuada y «esperada» por muchos partidos.
Selección Menos Memorizada
La ley modificará los procesos de selección y provisión de puestos en la administración, buscando profesionalizar y agilizar este proceso, así como captar nuevos perfiles profesionales. Para ello, la Escuela de Administración Pública de Catalunya (EAPC) jugará un papel clave.
Los nuevos procesos de selección dejarán atrás los métodos únicamente memorizadores, dado que la poca tradición opositora en Catalunya dificulta captar determinados perfiles. Se apostará por técnicas adicionales, como cursos selectivos: «No tiene sentido, por ejemplo, preguntar un artículo concreto de una ley concreta para según qué puestos», señalaron desde el Govern.
Asimismo, se planteará la posibilidad de realizar procesos de selección unitarios para diferentes administraciones públicas y mantener concursos generales abiertos y permanentes para puestos base, evitando que los empleados deban esperar a la apertura de plazas específicas.
La norma también incorporará un nuevo modelo de acceso a la administración para personas con discapacidad, promoverá la igualdad de género y se establecerán protocolos contra el acoso, así como medidas de «integridad pública y transparencia».
Reconocimientos Sin Ascensos
Entre los cambios significativos propuestos, se reconoce el desarrollo profesional de los empleados públicos a lo largo de su carrera sin necesidad de ascensos jerárquicos o cambios de puesto o área, lo que se denomina carrera horizontal.
Se establecerán cuatro tramos de desarrollo profesional (inicial, consolidado, experto y referente), cuya progresión otorgará derecho a complementos retributivos y reconocimientos profesionales. Estos no dependerán únicamente del tiempo transcurrido, sino de evaluaciones favorables, cumplimiento de objetivos, conocimientos y participación en formaciones o conferencias, entre otros méritos «objetivos» pendientes de regulación.
Corral explica que esta medida «permite que en el propio puesto de trabajo puedas desarrollarte sin necesidad de moverte por los distintos puestos de la administración». Este modelo tiene una inspiración similar a la progresión de ‘junior’ a ‘senior’ que se reconoce en las empresas privadas.
Paralelamente a la carrera horizontal, la ley también definirá el principio de evaluación del desempeño de los empleados públicos, estableciendo que en todas las administraciones, los superiores jerárquicos deberán fijar objetivos anuales evaluables.
Empleados Compartidos
Con la nueva ley, el Govern también busca fomentar la movilidad interadministrativa, permitiendo que los empleados públicos catalanes, independientemente de su administración, puedan participar en procesos de movilidad con otras administraciones públicas catalanas, como la Generalitat, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos y universidades.
Este modelo será voluntario y requerirá un convenio previo, junto con la autorización de la EAPC, para evitar la pérdida de talento en ciertas áreas. También se contempla la posibilidad de crear puestos de trabajo interadministrativos, donde posiciones sean compartidas entre ayuntamientos y trabajar a tiempo parcial entre administraciones, lo que resultaría especialmente beneficioso para consistorios pequeños con dificultades para retener o atraer empleados.
Finalmente, se creará una plataforma única para publicar todas las ofertas de trabajo público en Catalunya, integrando en un único portal las ofertas de la Generalitat, consejos comarcales, ayuntamientos y universidades, facilitando la búsqueda de empleo a los interesados.
