BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) – La Ley vasca de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo ha entrado en vigor este martes, con el objetivo de flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de pisos. Una de las medidas más destacadas es la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%.
Esta norma, aprobada el pasado 11 de diciembre por el PNV y el PSE-EE, socios del Gobierno Vasco, fue publicada el lunes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), permitiendo así que desde este martes se puedan poner en marcha una serie de medidas para abordar la crisis habitacional que afecta a la región.
La Ley califica de «urgente» la adopción de «medidas integrales y estructurales que permitan revertir la actual emergencia habitacional», estableciendo medidas que aumenten la oferta, especialmente de vivienda protegida en todas sus modalidades, para garantizar el derecho a una vivienda digna.
De acuerdo con los datos, Euskadi cuenta con suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 están protegidas. Sin embargo, estos recursos no se movilizan debido a diversas condiciones urbanísticas, económicas y ambientales, lo que provoca que «no cumplan su función social».
En este sentido, la norma permite reducir la reserva para la vivienda de protección pública a un mínimo del 55% de vivienda de protección social, destinando el restante 5% a vivienda de protección tasada. Además, en caso de aplicarse un incremento del 10% en la edificabilidad urbanística permitido en actuaciones prioritarias, este aumento se dedicará íntegramente a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo ese mínimo del 55%.
La ley también introduce medidas para facilitar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos destinados a equipamientos y en edificios existentes, y establece un régimen sancionador vinculado a incumplimientos relacionados con la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Además, permite la localización de alojamientos dotacionales en suelos calificados como equipamiento, evitando modificaciones de su estatus siempre y cuando se justifique la innecesariedad del equipamiento originalmente calificado.
MUNICIPIOS
La norma incluye también la posibilidad de que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas promuevan vivienda de protección pública en municipios rurales, así como en localidades con una población igual o inferior a 3.000 habitantes.
En cuanto a implementaciones ambientales, se prevé la identificación de supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada para facilitar modificaciones en los planes de ordenación estructural e instrumentos de ordenación detallada, contribuyendo así a la agilidad en los procesos urbanísticos y ambientales.
Asimismo, se suspenderá la presentación de declaraciones responsables para nuevas viviendas de uso turístico en zonas de mercado residencial tensionado, reconociendo la importancia de proteger el derecho a la vivienda como interés general.
Frente a la actual «urgencia habitacional», la nueva ley subraya la necesidad de «agilizar la cesión de suelos de participación comunitaria en las plusvalías». Esto se realizará mediante un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, cuyo objetivo es facilitar una cesión automatizada y recurrente de suelos al Gobierno Vasco. Esta estrategia busca constituir una reserva estratégica de suelo que permita al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana planificar y realizar las acciones necesarias para desarrollar un parque de vivienda protegida en alquiler y responder adecuadamente a la demanda existente.
