MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) –
La reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su votación final en el Pleno del Congreso, en la semana del 10 de febrero. Por el momento, el PSOE sigue enfrentado tanto con Sumar como con sus socios parlamentarios de Bildu, ERC y Podemos, quienes no la comparten.
Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación debido a la disconformidad de los socios a la izquierda del Gobierno.
La ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por el partido de Carles Puigdemont llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa. Ahora será el Pleno del Congreso el que debatirá y votará el texto en la sesión que comenzará el próximo día 10 de febrero, enviándolo luego al Senado para completar su tramitación.
Todo apunta a que en ese último trámite en el Congreso se volverá a evidenciar la distancia que sobre la multirreincidencia mantiene el PSOE con su socio en el Gobierno, Sumar, y con sus aliados de la izquierda, como quedó demostrado durante el debate en Comisión.
EJES DE LA REFORMA
En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo por el hurto podría ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, esta agravante no se aplicará en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.
En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».
Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años por el llamado ‘petaqueo’, que resta apoyo logístico a las narco lanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.
SUMAR CRITICÓ QUE SÓLO SE BUSQUE SATISFACER A JUNTS
Durante el debate en la Comisión, Junts defendió que, con su ley, pretenden revertir la «frustración» y la sensación de abandono que generan los hurtos reiterados; el PSOE apuntó que esta ley atiende las demandas de los ciudadanos; el PP añadió que aspira a acabar con «la alarma social y la sensación de impunidad» ante el delito; Vox aplaudió que haya «mayor severidad frente al hurto leve y más supuestos agravados», y el PNV insistió en que el endurecimiento de las penas por multirreincidencia es una reclamación «transversal».
Todos estos grupos dieron su respaldo a la reforma, a diferencia de Sumar, Bildu y Podemos, que votaron en contra, y ERC, que optó por la abstención. En Sumar justificaron su posición destacando que la reforma supone una deriva «punitivista» que sólo busca «dar satisfacción» a Junts; en Bildu denunciaron que esta ley «no es ni proporcional ni eficaz, ni garantista», y en Podemos creen que «alimenta los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha». Por su parte, ERC advirtió que esta reforma crea expectativas que no va a resolver.
