El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha solicitado al líder del grupo Vox, David Moreno, que se retracte de sus declaraciones acusando al Gobierno de ser responsable de futuros delitos y agresiones sexuales por parte de inmigrantes. Esto llegó a colación durante un intenso debate en las Cortes donde el Partido Popular y Vox presentaron iniciativas contra la acogida de menores migrantes no acompañados en la región.
Durante su presentación, Moreno citó casos de violaciones recientes en Madrid atribuidas a inmigrantes, argumentando que esto genera miedo e inseguridad en los barrios. «Hay miedo, inseguridad y degradación generalizada en los barrios por la desidia de las instituciones», afirmó. Demandó que es «imperativo deportar», criticando también la solicitud de 400 millones de euros por parte del presidente Emiliano García-Page para financiar este proceso, y consideró esta cifra como una «promoción de la inmigración ilegal».
El Grupo Vox ha exigido rechazar la medida del Gobierno central para el reparto de menores migrantes y ha propuesto acciones que prioricen la seguridad ciudadana, como la implementación de un plan de repatriación efectivo, la supresión de ayuda a inmigrantes irregulares, y la suspensión de cooperación con países que no gestionen correctamente la inmigración. También han solicitado un procedimiento para evitar que inmigrantes irregulares se empadronen en municipios y han pedido la expulsión de todos ellos.
En respuesta, el diputado del Partido Popular, José Antonio Martín-Buro, describió el plan del Gobierno como «una extorsión», ante la amenaza de sanciones para las comunidades autónomas que se nieguen a cumplir con el reparto de menores. Además, instó al Gobierno central a actualizar los protocolos de acogida de menores, alegando que estos no han sido revisados desde 2017, a pesar de que las llegadas se han duplicado.
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Contreras criticó los discursos del grupo Vox, calificándolos de «pirómanos» por incitar al odio contra los inmigrantes. Asimismo, planteó comparaciones con el historial de algunos exmiembros de Vox condenados por delitos graves, lo que llevó a cuestionar la aparente generalización de culpa hacia todos los inmigrantes.
La consejera de Bienestar, Bárbara García, defendió la gestión de la inmigración en Castilla-La Mancha, señalando que los datos proporcionados por Vox sobre criminalidad son «falsos». Enfatizó que desde 2019, los delitos de odio han aumentado de 590 a 1.191 en 2023, responsabilizando a grupos de extrema derecha por la difusión de racismo y xenofobia. Además, el Grupo Socialista propuso varias medidas para colaborar con el Gobierno central en la integración de la población migrante y la cooperación internacional, así como para combatir discursos de odio.
El conjunto de estas declaraciones y propuestas evidencian un panorama complejo en torno a la acogida de menores migrantes y la gestión de la inmigración en Castilla-La Mancha, generando tensiones políticas en un contexto ya cargado de emociones y divisiones.
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