MADRID, 11 de diciembre de 2025 (EUROPA PRESS) – La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo.
Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional intervinieron en el registro de la sede de Plus Ultra, situada en Madrid. Esta operación ha sido confirmada por fuentes consultadas, quienes precisan que la investigación sigue abierta. La causa se encuentra bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.
Contexto de la Investigación
Cabe destacar que este mismo juzgado fue el encargado de archivar en enero de 2023 la causa que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros durante la pandemia.
La jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros. Como resultado, los imputados «carecían de capacidad de decisión». Esto ocurrió después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no era posible declarar como investigado a su representante legal, ya que se había «agotado el plazo de 12 meses previsto» para el desarrollo de las pesquisas.
Observaciones de la Jueza
En su resolución, la magistrada argumentó: «Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión. Esta estaba situada en el Consejo de Ministros, que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra».
La situación actual en torno a Plus Ultra y la continuación de esta investigación subraya la complejidad de los casos de presunto blanqueo y las implicaciones legales que pueden derivarse de ellos, especialmente en el contexto de la gestión de ayudas estatales durante la crisis de la COVID-19.
