VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) –
Durante el juicio que se inicia este lunes en Valladolid por el caso del ‘cambiazo de ataúdes’ de la ‘Operación Ignis’, un subinspector, exintegrante de la Brigada de Homicidios de la policía, ha declarado que «es imposible que una sola persona participara en la operativa del cambiazo de ataúdes». Esta afirmación se produce en el contexto de la presentación de pruebas que involucrarían a veintitrés encausados en actividades delictivas relacionadas con la reutilización de féretros y ornamentos florales en sucesivos servicios fúnebres.
En la comparecencia, el subinspector aseguró que la documentación recopilada por Justo M, ya fallecido y extrabajador de El Grupo El Salvador, «confirmaría» la actividad delictiva. La ‘Operación Ignis’, destapada en 2019, reveló que la citada funeraria podría haber generado beneficios de más de 4 millones de euros, afectando a casi 6.000 familias.
El testigo perito expuso informes sobre la exhaustiva documentación encontrada, que consistía en veintiséis libretas, fotografías y catorce carretes no revelados recopilados durante dos décadas. Esta documentación recibió inicialmente una «presunción de verosimilitud», la cual fue reafirmada tras cotejos posteriores, evidenciando que la operativa del grupo empresarial estaba coordinada por Ignacio Morchón Alonso, su esposa y sus tres hijos.
El subinspector detalló cómo los empleados, sin beneficio personal, simulaban la cremación activando los ventiladores del horno, un proceso que se inició en el cementerio Parque el Salvador de Santovenia de Pisuerga y continuó tras la inauguración de un nuevo tanatorio en febrero de 2013.
Según la declaración, Justo M, tras su jubilación en 2015, dejó un escrito en un USB que menciona el traslado irregular de féretros, donde la cremación se realizaba sin la presencia de los familiares de los difuntos. Esto facilitaba la recuperación y reventa de ataúdes, generando engaños a los afectados, quienes creían que la incineración se efectuaba en Valladolid.
Además, el testigo destacó que Justo M. se fue «especializando» en la recopilación de pruebas incriminatorias, anotando detalles sobre los féretros «sustraídos» y los motivos por los que ciertos ataúdes no eran reutilizados. En la documentación se hace referencia a un periodo en el que la empresa decidió cesar esta actividad por miedo a repercusiones legales tras un caso similar en Málaga.
El Descuadre en los Consumos de Gas
Un informe adicional también reveló que el consumo de gas en el nuevo tanatorio y en el cementerio de Santovenia presenta irregularidades, sugiriendo que las cremaciones eran simuladas. Se registraron 714, 623 y 512 incineraciones en 2015, 2014 y 2013, respectivamente, sin embargo, el análisis indicó un consumo de gas insuficiente para justificar dichas cifras.
Asimismo, otra inspectora expuso que se había llevado a cabo un fraude hacia la Agencia Tributaria debido a la simulación de compra de más de 500 cajas de féretros a una empresa, mientras que en realidad solo se habían adquirido 48. Este hallazgo fue respaldado por la detección de «facturas fantasma» entre 2001 y 2004, lo que refleja que los acusados realizaron pagos en concepto de IVA mal fundamentados.
