El Gobierno de La Rioja ha reclamado hoy, día 14, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, la retirada de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) presentada como una imposición por el Ministerio de Hacienda. El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha declarado que esta propuesta “penaliza severamente a nuestra región”, apoyándose en advertencias de expertos y datos preliminares. Criticó que el modelo actual deja a La Rioja como la comunidad peor tratada en el reparto de nuevos fondos y pidió al Gobierno de España que “consensue un nuevo documento en el CPFF” y que, además, asuma la responsabilidad legal de costear el 50% del sistema de dependencia. Esta es una propuesta que considera realista y fácil de ejecutar, capaz de mitigar el déficit financiero que afecta a todas las comunidades autónomas.
El Ejecutivo regional considera que el documento propuesto “nace muerto” al surgir de un chantaje por parte de un partido independentista catalán (ERC), que busca solo un incremento de 5.000 millones de euros en la financiación de Cataluña. Domínguez advirtió que “nada que afecte al modelo de financiación puede plantearse como una mera imposición unilateral o bilateral a espaldas de las comunidades del régimen común”, señalando la necesidad de un diálogo real que incluya a todas las partes. Además, rechazó la posible ruptura del principio esencial de solidaridad interterritorial.
Consecuencias del nuevo sistema de financiación
La Rioja no puede aceptar este documento, ya que “nos desprecia al dejarnos como el territorio peor tratado”. Según el análisis de FEDEA, con el nuevo sistema no solo se prevé una mejora de 25 millones de euros en nuestra financiación, sino que, por el contrario, perderíamos 46 millones, lo cual califica de castigo injustificado e inmerecido. Este nuevo sistema ignora realidades fundamentales, como la despoblación y el envejecimiento de la población.
Agravio comparativo
En este contexto, el consejero ha manifestado que “solamente quien no estime a La Rioja y se demuestre incapaz de defender sus intereses puede aceptar este agravio comparativo y trato vejatorio”. Domínguez continuó enfatizando que esta postura es indefendible y es únicamente aceptada por intereses partidistas. Ante esto, la propuesta “rompe la igualdad entre territorios y vulnera los principios de solidaridad y redistribución de la renta que sustentan el Estado social y democrático de derecho”. Destacó que “ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, ha expresado su apoyo a este modelo”, lo que subraya la falta de consenso y legitimidad técnica y política de la propuesta.
Además, el nuevo criterio de ordinalidad que se demanda, beneficia solo a Cataluña mientras penaliza a La Rioja, que se vería forzada a realizar una aportación neta al sistema de financiación de más de 80 euros por habitante.
Exigencias del Gobierno de La Rioja
Por todo ello, La Rioja reclama al Ministerio de Hacienda la retirada de la propuesta actual y la creación de un nuevo modelo “negociado de forma multilateral, transparente y rigurosa en los órganos donde están representadas todas las Comunidades Autónomas”.
Hasta que se logre un documento alternativo, el Gobierno de La Rioja plantea una propuesta “realista y necesaria” que podría saldar en parte el déficit de financiación que afecta a todas las comunidades. Esta propuesta incluye la necesidad de que el Gobierno de España asuma la responsabilidad legal de financiar el 50% del coste de prestación de los servicios de dependencia, con un coste adicional correspondiente a La Rioja que ascendería a 25,3 millones de euros en el último ejercicio presupuestario.
Además, se solicita una cofinanciación para el servicio público de educación de 0-3 años, que tiene un coste estimado de 10 millones de euros adicionales para 2026. Esta suma se añade a los 35 millones de euros que se espera se financien para el mismo año, lo que permitiría abordar de manera equitativa el aumento en los costos de los servicios a los ciudadanos.
Para finalizar, el consejero Alfonso Domínguez ha reiterado que cualquier reforma del SFA “debe garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos, la igualdad entre españoles y un reparto justo de los recursos”, enfatizando que este objetivo solo es alcanzable mediante un proceso de negociación multilateral y con criterios objetivos.
