BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) – La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha defendido rebajar a los 16 años la edad para poder votar, resaltando la importancia de «reconocer progresivamente» la capacidad de autonomía y decisión de los adolescentes en determinados ámbitos. Esta declaración fue realizada durante la presentación del Informe Anual de Infancia 2024, en la que estuvo acompañada por la Adjunta de Infancia del Síndic, Aida Rodríguez, quien también postuló por un «tratamiento específico» para niños y adolescentes en áreas como salud y vivienda.
En relación a las sanciones administrativas impuestas a menores, Giménez-Salinas ha afirmado que las multas no deberían recaer en los padres y ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años. Además, el informe que presentó detalla que permitir el voto a partir de los 16 años facilitaría que los adolescentes pudieran constituir y formar parte de partidos políticos y asociaciones, así como tener autodeterminación formativa y presentar solicitudes para admisión al sistema educativo. También se ampliaría su capacidad para decidir sobre la administración de sus bienes y firmar contratos sin la necesidad de la representación de tutores legales.
Incongruencias en la normativa aplicada a los adolescentes
Giménez-Salinas ha indicado que las diferencias en el tratamiento legal de las edades son, a menudo, «incongruentes», generando desigualdades. Ha abogado por una revisión coherente de los umbrales de edad aplicados en diversos ámbitos. Ejemplos de estas incongruencias incluyen que un niño de 14 años no pueda acudir solo a un concierto, pero sí puede ser responsable ante la ley penal del menor. Asimismo, con 16 años un adolescente puede abandonar sus estudios, pero necesita a sus padres para matricularse; puede trabajar y estar dado de alta en la Seguridad Social, pero no tiene derecho a votar; puede emanciparse, pero no abrir una cuenta bancaria, y puede decidir sobre sus propios tratamientos médicos, pero no puede donar sangre.
Al ser cuestionada sobre la edad penal, Giménez-Salinas ha respondido que «cada vez que hay un delito grave sale el debate», subrayando que se trata de una decisión de carácter polícito-criminal y que en la mayoría de los países europeos, este límite se sitúa alrededor de los 14 años, como es el caso de España.
Desafíos en la adolescencia y la primera infancia
Por su parte, Aida Rodríguez ha asegurado que las políticas de apoyo a la crianza no tienen en cuenta adecuadamente a la adolescencia, careciendo de recursos para licencias retribuidas. Ha puntualizado que los horarios de los institutos a menudo dejan a los adolescentes sin acompañamiento, y ha señalado que la pediatría no atiende adecuadamente la etapa entre los 15 y los 18 años.
Rodríguez ha añadido que la adolescencia es un período con una mayor prevalencia de malestar emocional, pero que los servicios ambulatorios no aumentan en proporción a estas necesidades. Este es también el momento en el que se inician los consumos de drogas, alcohol y uso excesivo de pantallas, además del abandono escolar prematuro.
En cuanto a la primera infancia, que abarca de los 0 a los 6 años, Rodríguez ha mencionado las «dificultades de cobertura» en el apoyo a las familias, como lo evidencian los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (Cdiap), que en la práctica ofrecen servicio a niños de 0 a 4 años. Ha resaltado que las políticas de gratuidad para los primeros niveles de educación (I1 e I2) son insuficientes, y que el Complemento de Apoyo para la Infancia (Capi) no alcanza a un número suficiente de familias.
Derechos en renta y vivienda
El informe promueve la necesidad de establecer por norma los mínimos esenciales para garantizar el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado, así como determinar una renta de suficiencia económica que asegure dichos mínimos y crear una prestación específica si es necesario, complementaria a la renta garantizada de ciudadanía (RGC).
También hace un llamado a considerar la presencia de niños en un núcleo familiar como un supuesto de emergencia social, en caso de riesgo de exclusión residencial, y a establecer protocolos de actuación ante el desahucio de familias con niños. Además, se propone regular las garantías específicas de la infancia en los procedimientos administrativos y que la condición de niño sea un criterio prioritario en el acceso a prestaciones sanitarias.
