MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hidrocarburos vinculada a Villafuel, que investiga la Audiencia Nacional. Este grupo no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes, encabezado por José Luis Ábalos, sino también en las carteras de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lideradas en ese momento por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
En un informe al que ha tenido acceso la UCO, se describe «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector».
Los investigadores detallan que «de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas».
La Benemérita no alberga duda de que «la máxima dirección de esta organización criminal» eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel, quienes «ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras», sostiene el informe.
Captura del informe de la UCO
Además, se asegura que existen «indicios suficientes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)».
La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con el fin de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos». «Todo ello a cambio de una contraprestación económica», subraya el informe de la UCO.
La UCO establece el inicio de la supuesta trama en diciembre de 2020, cuando se pidió a Aldama que «activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes», a fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos.
Esto se debió a que Rivas se habría visto obligado a reestructurar el entramado empresarial encabezado por Gaslow tras la detención de «los grupos que conformaron» lo que la UCO define como otra organización criminal dedicada al sector de los hidrocarburos, que habría actuado hasta finales de ese año. Esto fue «determinante» para que Rivas «se viera abocado» a idear «una nueva operadora y suministradora que le permitieran reactivar la operativa fraudulenta perdida».
ÁBALOS COMO LLAVE PARA OTROS MINISTERIOS
El Instituto Armado explica que «se trata de un sector cuya regulación y supervisión implica la participación de diversos ministerios y organismos públicos», como el de Transición Ecológica, que es quien otorga o deniega el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos, e Industria, porque «las empresas autorizadas tienen la obligación de remitir periódicamente información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización».
La dinámica detallada por la UCO sugiere que el objetivo de la presunta trama era que Aldama llegara a «un acuerdo» con Ábalos y «su entorno» para que «el ministro ejerciera su influencia en los órganos competentes del MITECO y del MINCOTUR».
De acuerdo con la UCO, Aldama ofreció «sus contactos en el Gobierno» para ayudar a Rivas y sus socios, incluyendo a Carmen Pano y su hija Leonor González. Esta última tenía una «relación estrecha de amistad» con el empresario, por lo que fue quien le notificó la situación.
«Tú tienes tu reunión y ya ves si puedes hacer lo que te van a proponer. Porque si aceptas, te pagarán», le indicó el 19 de diciembre de 2020. «¿Puedes adelantarme algo?», preguntó él. «Sí, pero no te he dicho nada. Es para las licencias de los gasocentros. Agilizar los trámites con Industria», respondió ella. Aldama anticipó que lo tenía «muy fácil» y que la cuestión era saber «cuánto pagan» para ver si le interesaba «mover todo». «Te pagan MUY MUY MUY bien», afirmó González.
EL JEFE DE GABINETE DE INDUSTRIA, PRESUNTO INTERLOCUTOR DE LA TRAMA
Según el informe, «los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart», entonces director de gabinete de Maroto. La UCO sugiere que «podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal».
No obstante, la Guardia Civil considera que esto fue el resultado de una equivocación, «al atribuir erróneamente al citado Ministerio la competencia sobre la gestión que requerían».
Además, se menciona un mensaje de WhatsApp que Aldama envió a González tras «la primera reunión», en el que expresó: «Anda que decirme que era Industria y luego ser Energía. Menos mal que el padrino manda», lo que la UCO interpreta como una referencia a Ábalos.
Se documenta también una «reunión informal» a las 21:00 en el restaurante madrileño ‘La Tragantía’, «al menos», entre Díaz Bidart, Aldama, el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y «una cuarta persona cuya identidad se desconoce».
La «primera reunión» oficial con Industria se produjo poco después, el 28 de diciembre. «Me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria. Está todo hecho, que no nos preocupemos por los permisos, que está ya hecho», escribió la hija de Pano a su entonces pareja, Natán González.
De ello, la UCO concluye que «finalizó de modo bastante satisfactoria para los intereses de la organización criminal», que tenía plena conciencia de que no cumplían con los requisitos legales.
El Instituto Armado apunta que «el principal obstáculo que la organización criminal pretendía sortear» era la obligación de disponer de tres millones de euros que necesitaban acreditar ante el MITECO.
KOLDO TAMBIÉN CONTACTÓ CON EL JEFE DE GABINETE DE RIBERA
Los agentes también han destacado que Koldo contactó con Marc Pons, director de gabinete de Ribera, durante la tramitación del expediente de Villafuel, y después de varios requerimientos para subsanar «las deficiencias advertidas».
La UCO sostiene que el 8 de abril de 2021, Koldo reenviò a Pons una imagen con los datos de registro de la documentación sobre Villafuel. Dicha foto se la había reenviado Aldama a Koldo dos días antes, durante una reunión en el Ministerio junto a Rivas para «tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgar a la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel».
Los investigadores aseg
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