BILBAO, 1 de mayo. (EUROPA PRESS) – El sindicato LAB ha denunciado este Primero de Mayo el carácter «autoritario» del Gobierno vasco que «blanquea» a Confebask, impulsa «el sindicalismo dócil» y castiga «al sindicalismo soberanista de clase». Además, el sindicato ha defendido que un salario mínimo propio de 1.500 euros es una «medida justa y viable» y seguirán con esa «lucha».
La central sindical ha reivindicado en las 26 manifestaciones previstas en toda «Euskal Herria», políticas de redistribución y medidas a favor de los trabajadores, centrándose en cuestiones como el derecho a la vivienda, unos servicios públicos de calidad y pensiones y salarios dignos.
«Langileok eragin» ha sido el lema elegido por LAB para el Día Internacional de los Trabajadores. En Euskadi, se han desarrollado marchas en las tres capitales vascas y en San Sebastián ha participado la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, quien ha hecho un llamado a los trabajadores «a movilizarse por el derecho a trabajar y vivir en euskera» y ha puesto en valor la labor de los trabajadores que luchan en defensa del empleo.
Garbiñe Aranburu ha afirmado que hoy es un día «de reivindicación y movilización» y ha mostrado su «solidaridad a los pueblos trabajadores del mundo».
La dirigente de LAB destacó que la actual coyuntura exige realizar políticas a favor de los trabajadores y recordó la «exitosa huelga general» del 17 de marzo por un salario mínimo propio, indicando que este Primero de Mayo miles de trabajadores han vuelto a salir a las calles.
«Por lo tanto, los trabajadores hemos hablado; reclamamos políticas redistributivas para repartir los cuidados, el empleo y los salarios; para mejorar los salarios y las pensiones; para garantizar el derecho a la vivienda; y para asegurar servicios públicos de calidad en la sanidad, en la educación o en los cuidados», ha apuntado.
Aranburu ha señalado que todas estas medidas son «necesarias para cerrar las puertas al fascismo y la ofensiva reaccionaria, y para enfrentar las brechas machistas y racistas, así como las existentes entre generaciones».
La dirigente ha defendido un salario mínimo propio de 1.500 euros para «una vida digna», asegurando que es «una medida necesaria, justa y viable». «La patronal y los gobiernos han despreciado nuestras propuestas, pero la lucha sigue. La demostración de fuerza de la huelga mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. No será fácil», ha reconocido.
Además, Aranburu ha criticado al gobierno de Pradales por la respuesta dada a la huelga general de marzo, así como el reciente acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. «El acuerdo deja en evidencia las hipotecas que tiene Pradales en términos sociales con Confebask y en términos nacionales con el PSE», ha manifestado.
Por ello, ha acusado al lehendakari de «blanquear» a Confebask, de «impulsar el sindicalismo dócil, a los que han ‘comprado por cuatro duros’ y de castigar al sindicalismo soberanista de clase».
Aranburu sostiene que «ya nadie cree en las nuevas formas de hacer de Pradales. El acuerdo profundiza en el carácter autoritario y antidemocrático del Gobierno Vasco». En su opinión, el Gobierno Vasco «ha pasado de ser aliado de la patronal a ser subordinado de la patronal» y «no tiene ambición de hacer políticas a favor de los trabajadores, ni de ampliar competencias para constituir el marco vasco».
La dirigente ha enfatizado que «nos hemos convertido en un obstáculo; quieren hacernos callar. No lo van a conseguir, no tienen nada que hacer, no nos van a amedrentar. Nos reafirmamos en nuestra apuesta; la lucha es el único camino».
Asimismo, ha destacado el apoyo al empleo «con firmeza en muchos lugares» y ha aludido a la comarca de Aiaraldea, que se encuentra en lucha, para la cual ha pedido un aplauso de los asistentes.
Por otra parte, ha defendido el derecho a trabajar y vivir en euskera, asegurando que «la ofensiva contra el euskara precisa de una respuesta de igual calibre». Aranburu ha añadido que, al igual que el euskera, también están poniendo «muy caro el derecho a la vivienda» y ha pedido acabar con la especulación existente. «El sindicalismo tiene que luchar contra todo ataque a las condiciones de vida de las y los trabajadores. Y por primera vez, hemos organizado una huelga de inquilinos», ha agregado.
GUERRAS
Asimismo, en este Primero de Mayo, la dirigente de LAB ha denunciado el «bloqueo criminal que está sufriendo el pueblo de Cuba» y ha mostrado su cercanía «hoy más que nunca» con Palestina, tras denunciar el ataque realizado por Israel a la Flotilla de Solidaridad, en la que se encuentra un miembro de LAB.
Por ello, ha querido lanzar un «doble mensaje»: en primer lugar, «un mensaje contra las guerras imperialistas y capitalistas». «Ante las injerencias, nosotros defenderemos la soberanía de los pueblos y el bienestar de la ciudadanía. No apoyamos las guerras. Los trabajadores no pagaremos la factura de la guerra: no aceptaremos la pérdida de empleos con la excusa de la guerra, ni el empeoramiento de las condiciones laborales, ni el encarecimiento de la vida, ni el debilitamiento de los servicios públicos», ha afirmado.
Aranburu ha señalado que, a nivel mundial, el control de las fuentes de energía está «causando guerras, la vida se está encareciendo, los trabajadores se están empobreciendo y el oligopolio energético está obteniendo beneficios de escándalo», recordando que esta semana Iberdrola ha publicado que en 2025 obtuvo «un récord de beneficios».
Además, ha añadido que también son los trabajadores los que sufren «el encarecimiento de los hidrocarburos», ya que los beneficios de Repsol han subido un 154 % en los tres primeros meses de este año.
Tras reafirmarse en el compromiso de seguir llevando a cabo un sindicalismo «combativo, independentista y antirracista», ha subrayado que LAB se implicará para contribuir en los procesos de regularización de los trabajadores migrantes.
«Estamos dispuestas a facilitar y colaborar en los procesos de regularización e implicarnos en los mismos; el sindicato se va a mojar. También contra el racismo laboral. Les decimos a patronal y gobiernos que no aceptaremos que los trabajadores migrantes sean mano de obra barata de usar y tirar», ha concluido.
