Las instituciones vascas destinarán 3.250 millones de euros en los próximos tres años al desarrollo de las medidas contempladas en el ‘Plan Director de Vivienda 2025-2027’, que busca dar respuesta a la emergencia habitacional que sufre Euskadi. Así lo explicó el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ante la Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco.
Presentación del Plan Director
Denis Itxaso presentó el plan aprobado en mayo, que establece las prioridades del Gobierno Vasco en materia de vivienda durante este periodo y tiene como objetivo señalar la hoja de ruta para afrontar la emergencia habitacional. En este sentido, subrayó que su contenido no es meramente técnico, sino un «proyecto político y social que responde a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía».
Según el consejero, Euskadi vive una «auténtica emergencia habitacional», ya que «miles de hogares dedican casi cuatro de cada diez euros a pagar un techo». Afirmó que las personas en estas circunstancias «no tienen margen para formar una familia o ahorrar, y su capacidad de consumo está muy limitada».
Ejes del Plan
El documento incluye un diagnóstico que señala que el 25 % de la población es mayor de 65 años y que hay una necesidad creciente de viviendas accesibles y adaptadas. Además, se resalta la «insuficiente» producción de viviendas, junto con un mercado de alquiler muy tensionado, donde los precios promedian 761 euros, superando los mil euros en ciudades como Donostia-San Sebastián.
El plan establece cinco ejes de actuación:
- Promoción de vivienda asequible: Se pretende impulsar 7.000 viviendas de alquiler asequible durante la legislatura, con 5.250 disponibles en los próximos tres años.
- Rehabilitación del parque edificado: Se financiarán actuaciones en 62.000 viviendas y 10.000 edificios, mejorando la accesibilidad y eficiencia energética.
- Ayudas y prestaciones: Se contempla apoyo para cerca de 50.000 hogares que ya reciben ayuda económica mensualmente.
- Modernización del sector de construcción: Se buscará duplicar la capacidad de respuesta del sector, apuntando a un rango de 8.000 a 10.000 viviendas anuales.
- Gobernanza y coordinación: Se reforzará la colaboración con ayuntamientos y agentes sociales para garantizar políticas efectivas en el territorio.
Críticas de la oposición
En el turno inicial de exposición, el parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, criticó que aunque el plan «recoge muchas acciones», carece de concreción en fechas y presupuestos. Afirmó que el documento presenta un «giro regresivo» hacia políticas «neoliberales», facilitando un mercado inmobiliario privado orientado a negocio.
Por su parte, la parlamentaria del PP, Ana Morales, expresó que el Gobierno Vasco va «en la dirección equivocada», criticando el modelo «intervencionista» que se implementa. Desde Sumar, Jon Hernández lamentó la falta de «coherencia y ambición» del plan, instando a potenciar la utilización del suelo ya urbanizado en lugar de crear más vivienda libre.
Desde los grupos que apoyan la iniciativa, Jonatan Moreno (PNV) defendió el diagnóstico «realista» del consejero, mientras que Adrián Fernández (PSE-EE) consideró el plan como «valiente y ambicioso» en comparación con discursos que no ofrecen soluciones.
