Valladolid, 17 abr. (Europa Press) – Las 16 organizaciones firmantes del ‘Manifiesto de Villalar de 2026’ han hecho eco del contexto geopolítico mundial para realizar un llamamiento a la paz, pidiendo de manera expresa «parar el genocidio en Gaza» y reivindicando democracia y convivencia «frente al odio y frente a la extrema derecha».
El ‘Manifiesto de Villalar de 2026’, que será leído por la actriz vallisoletana María San Miguel el próximo 23 de abril en el tradicional acto en la campa de Villalar, toma especial relevancia ante las posiciones de quienes propagan el odio y la xenofobia, sentimientos que han crecido con la llegada de la extrema derecha a las instituciones.
Las organizaciones resaltan que Castilla y León «vuelve a estar en la casilla de salida» tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo y advierten que ambos partidos que, previsiblemente, formarán el nuevo Gobierno –PP y Vox– se alinean con estados que promueven «guerras ilegales y suicidas» en Oriente Próximo, creando «situaciones humanitarias terribles» con consecuencias imprevisibles a nivel global.
«Si nada lo remedia, la ultraderecha volverá a condicionar las políticas públicas en los próximos cuatro años», lamentan los firmantes, quienes auguran que Vox regresará a la Junta para sembrar odio a través de «discursos de confrontación y violencia». Estos, a su vez, situarán como «enemigos» a colectivos como los sindicatos de clase, mujeres y feministas, personas inmigrantes, la comunidad LGTBI, así como defensores de la memoria histórica y ecologistas.
Los firmantes apelan a las enseñanzas históricas, advirtiendo que los pueblos que renuncian a la convivencia y al respeto mutuo se exponen a repetir sus peores errores. Recalcan que la organización y la memoria activa de las luchas ciudadanas son capaces de abrir «caminos nuevos incluso en los momentos más inciertos».
Se plantean además qué postura adoptarán «la extrema derecha y la derecha extrema» ante la imposición de aranceles que amenacen la competitividad de las empresas locales frente a importaciones sin restricciones.
Por otro lado, subrayan que las guerras generan movimientos migratorios y desplazamientos forzosos, y advierten que Castilla y León enfrenta el dilema de mantener su tradición de acogida o ceder ante discursos que cuestionan derechos básicos de quienes huyen de la violencia.
En este contexto, los firmantes cuestionan si el futuro de la transición ecológica quedará en manos de quienes niegan el cambio climático, recordando los incendios de «intensidad desconocida» que devastaron amplias zonas de la comunidad el verano pasado. Estos sucesos, afirman, no se pueden entender como accidentes sino como el resultado de decisiones políticas que desatendieron compromisos en el Diálogo Social destinados a fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales.
Los firmantes se comprometen a combatir el «odio y la falsedad» de las ideas de la extrema derecha, apelando a la concordia, la participación democrática y la solidaridad. Preguntan si los servicios públicos se resentirán tras casi 40 años de gobiernos de derechas, y auguran que la alianza de PP y Vox convertirá la salud, la educación y los servicios sociales en «un negocio para unos pocos».
Nueve reivindicaciones para una CCAA en riesgo de involución
Por último, enumeran una serie de «reivindicaciones para una comunidad en riesgo de involución democrática», destacando la necesidad de una fiscalidad progresiva que amplíe los recursos necesarios para afrontar «los múltiples problemas» que enfrenta Castilla y León. Proponen una sanidad pública de calidad que elimine las listas de espera «interminables», reforzando la salud mental y revirtiendo la externalización de los servicios sanitarios. Asimismo, reclaman una escuela pública que no pierda financiación a favor de la privada-concertada, «mayoritariamente religiosa».
También demandan la creación de plazas públicas en residencias y centros de día para garantizar una atención a la dependencia real, así como un reconocimiento efectivo de la violencia de género y garantizar el derecho al aborto en centros públicos de todas las provincias.
Otras reivindicaciones incluyen abordar el problema de la vivienda, cumpliendo y haciendo cumplir la ley estatal mediante la declaración de zonas tensionadas con medidas sobre alquileres, y promoviendo una ordenación justa del territorio para distribuir servicios e infraestructuras, impulsar empleos vinculados al mismo y fijar población, todo ello con vistas a un futuro con garantías de éxito.
Finalmente, los firmantes concluyen que «la despoblación es un efecto de políticas erradas que han expulsado durante años a los habitantes de nuestra tierra y han dejado un terreno abonado para actividades contaminantes».
Las 16 asociaciones firmantes del manifiesto son: CCOO, UGT, PSOE, IU, Podemos, Sumar, PC, Partido Castellano-Tierra Comunera, STACyL, STECyL, TRADE, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Fundación Triángulo, Asociación de Periodistas Feministas, CAVECAL y el Ayuntamiento de Villalar.
