VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) – «Lo de menos es el cambiazo del ataúd, lo verdaderamente grave es que trataran a los cadáveres como sacos de patatas», ha denunciado públicamente este lunes Jorge Manuel M, uno más de los perjudicados por el denominado ‘caso ataúdes’. Este caso, que juzga a un total de 23 personas, entre responsables y trabajadores del grupo funerario El Salvador, les acusa de reutilizar tanto los féretros como los ornamentos florales para la celebración de sucesivos sepelios.
Tras el parón impuesto por la Semana Santa, el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid ha vuelto a reanudarse con el testimonio de una veintena de perjudicados. Todos ellos han relatado que contrataron los servicios del grupo funerario investigado, en algunos casos por voluntad propia y en otros obligados por la póliza contratada, convencidos de que sus difuntos serían tratados con respeto y que habían acudido a gente «profesional».
Nada más lejos de la realidad, según coincide Jorge Manuel M, cuyo padre falleció en enero de 2006. El velatorio se desarrolló en Medina del Campo, pero al no contar con horno, el cadáver fue trasladado al Cementerio de Santovenia de Pisuerga. Cuando se enteró por el juzgado de que era uno de los afectados, Jorge recordó haber sentido una fuerte impresión: «Me tuve que sentar porque me dio un mareo». Considera que el cambiazo del ataúd de su padre le parece «secundario», y que lo grave es que los acusados han manipulado a sus seres queridos como si fueran «sacos de patatas».
Los sentimientos de «indignación», «impotencia», «rabia», «profundo dolor» e «incredulidad» se han ido sucediendo a lo largo de las declaraciones de otros muchos familiares de fallecidos. Estos también fueron víctimas de la empresa funeraria enjuiciada, y ninguno de ellos llegó a presenciar el momento de la incineración de sus seres queridos. Algunos no quisieron, y otros no se lo permitieron los empleados, quienes les dijeron que era algo «muy desagradable».
Sonia María G, cuya padre falleció el 16 de abril de 2009, relató el duro momento que vivió con la cremación y el impacto al enterarse por la radio de que figuraba entre los afectados por el caso de presunta estafa: «Todos tenemos padre y madre… no sé cómo han podido hacer esto con ellos y acabar con su dignidad», espetó.
Casimiro V, Manuel G. C. y Alberto L. también testificaron para relatar casos de sus familiares fallecidos, mostrando su profundo malestar por el trato recibido. Manuel G. C. calificó los hechos como «horrible, repugnante». «Con lo que ya ganan, que encima manipularan los cadáveres, no tiene nombre y el daño es irreparable», lamentó.
Los Horribles Detalles del Caso
Casimiro V expresó su dolor por la realidad de que sacaron a su padre del féretro por el que había pagado, reutilizando esa misma caja para otra persona fallecida. «Pero además, es que no sé qué hicieron mientras tanto con su cuerpo», añadió con profundo dolor, mientras que María Nieves P. indicó que, tras la ‘Operación Ignis’, le mostraron una fotografía en calidad de posible perjudicada y pudo comprobar que la caja en que se encontraba su marido no era la que había concertado.
NI SIQUIERA BIEN PEINADA
Otro de los damnificados, Alberto L, trasladó al tribunal el caso de su esposa, fallecida en el Río Hortega, «que con lo que pasó en vida, la pobre no se merecía el trato recibido» una vez ya muerta. Recordó que llegó a quejarse durante el velatorio cuando se dio cuenta de que, además, «ni siquiera habían peinado a su pareja».
Los testimonios de los damnificados continuaron a lo largo de la mañana con un mismo sentimiento común. Olga S, cuya madre falleció en verano de 2014, resumió: «El sentimiento es indescriptible, no hay palabras para resumir la barbaridad cometida, aprovechando la vulnerabilidad en la que se encuentran las familias afectadas».
SU MARIDO «TIRADO EN EL SUELO»
María C. M, quien acudió a la funeraria El Salvador por la muerte de su esposo el 11 de octubre de 2013, compartió su dolor. Recordó lo «duro de digerir» que fue el óbito de su pareja, pero aún peor fue el momento cuando la policía le mostró fotografías de su marido «tirado en el suelo y con un cartón con su nombre y la fecha de fallecimiento», lo que la hizo romper en llanto.
Está previsto que el martes y el miércoles testifique un número idéntico de perjudicados, veinte cada jornada. Se estima que, durante las tres próximas sesiones de la semana siguiente, casi 120 personas testificarán, propuestas por las acusaciones pública y las dos particulares personadas en la causa.
Con carácter provisional, la Fiscalía de Valladolid solicita penas que, en su conjunto, superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos.
Han quedado fuera de la causa por fallecimiento el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador de dicho grupo y principal testigo, Justo Martín, quien a lo largo de años fue anotando en libretas la actividad supuestamente delictiva.
