Las 47 personas, de las cuales 23 son menores, que habitaban en el edificio ubicado en el número 18 del paseo Nuevo en Caspe, Zaragoza, han decidido abandonar voluntariamente sus hogares debido al riesgo de colapso. El Ayuntamiento, en colaboración con los servicios sociales, está buscando alternativas de alojamiento para estas familias.
Alternativas de alojamiento en situaciones críticas
La alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, ha informado que las principales opciones son el Convento de Santo Domingo y el refugio de las Hermanas de la Congregación de Santa Ana. En total, 29 personas serán reubicadas en el convento y 19 en la hospedería, mientras que otros nueve han decidido buscar soluciones de manera independiente.
Jarque ha señalado que los servicios sociales han estado recopilando la documentación necesaria y que el desalojo se está llevando a cabo de forma coordinada. Además, se han habilitado bonos de comida y espacios seguros para facilitar la convivencia de las familias desalojadas, asegurando que los menores continúen con sus rutinas diarias y que sus padres puedan seguir trabajando.
En cuanto a los próximos pasos, la alcaldesa ha instado a esperar el informe técnico del edificio para determinar la situación y actuar en consecuencia, subrayando que el Consistorio ha cumplido con todos los trámites necesarios desde que se detectaron las grietas y el movimiento en los cimientos.
Una situación compleja que necesita atención urgente
Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia en funciones del Gobierno de Aragón, visitó la localidad para apoyar al Ayuntamiento y a la comarca ante esta situación «compleja», que está afectando a un pequeño municipio como Caspe.
«No hay nada peor que enterarse de que tienes que abandonar tu casa», afirmó Susín, quien destacó la importancia de la coordinación entre diferentes entidades. En este sentido, indicó que los servicios sociales se encargarán de reubicar a los vecinos y de proporcionarles comida en los colegios donde están escolarizados, asegurando que ya han tenido sus comidas hoy.
Aunque admitió que la situación es «traumática», afirmó que las familias están reubicadas temporalmente hasta que se encuentre una solución definitiva, ya sea porque se evalúe que el edificio no presenta un riesgo o se proporcione una solución de vivienda adecuada.
Susín también expresó su deseo de recibir más apoyo de la Delegación del Gobierno, mencionando que algunas de las personas afectadas son migrantes en situación irregular, quienes requieren atención especial y no han recibido el respaldo esperado.
La seguridad de los vecinos, una prioridad
Javier Nicolás, presidente de la Comarca Bajo Aragón-Caspe, explicó que se activó el plan de emergencia a nivel autonómico y se coordinó con Protección Civil y los servicios sociales, quienes han estado en constante comunicación con las personas afectadas.
«Nuestra principal preocupación ha sido garantizar la seguridad y bienestar de todos ellos», destacó Nicolás, quien también elogió el trabajo de los técnicos comarcales, que han permitido obtener un panorama claro de la situación de las familias y de las ubicaciones a las que se trasladarán.
Nicolás reiteró que se actuó rápidamente ante la alarma del riesgo de colapso del edificio, poniendo siempre en primer lugar la seguridad de las personas afectadas.
