Los comités de empresa de los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Paradise Lago Taurito, pertenecientes a la sociedad Mar Abierto S.L., actualmente en liquidación concursal, han expresado su «profunda preocupación» ante la adjudicación provisional de estos hoteles al Grupo Lopesan, indicando que esto «oculta un perjuicio» de más de 6 millones de euros.
En un comunicado, señalaron que las ofertas presentadas se sitúan alrededor de 85 millones de euros y, tras realizar un «análisis comparativo exhaustivo», los representantes de los trabajadores concluyen que, aunque la propuesta de Lopesan «formalmente aparece como la más alta», es «sustancialmente inferior» en términos económicos y sociales en comparación con la oferta del Grupo Martínon.
Los comités de empresa aseguran que la supuesta ventaja de apenas 1.000 euros a favor de Lopesan «oculta un perjuicio real» de más de 6 millones de euros, ya que destacan que esta diferencia se amplía al considerar los costes indirectos y las consecuencias laborales y operativas de su planteamiento.
Además, el informe indica que la oferta de Lopesan «no garantiza el mantenimiento íntegro del empleo», ya que dejaría «fuera» a 15 trabajadores directos y afectaría al personal indirecto. Lopesan también «rechaza la subrogación de contratos esenciales», como los de Lavandería Mogán y el subarrendamiento del parque acuático Lago Taurito, lo que provocaría despidos, pérdidas para proveedores locales y posibles incumplimientos contractuales con turoperadores.
Adicionalmente, la oferta de Lopesan podría generar un «impacto económico negativo» estimado en 6.125.447,31 euros, excluyendo más de 7,9 millones de euros en reservas confirmadas vinculadas al funcionamiento del parque acuático, junto a la «pérdida de derechos laborales consolidados», que incluyen ventajas como el uso del comedor para el personal y criterios de conciliación de la vida laboral y familiar.
En contraposición, los comités de empresa consideran que la oferta de Martínon es «mucho más favorable» para el empleo, la estabilidad y el interés general, ya que incluye la subrogación completa de todos los contratos laborales, «respetando la antigüedad y los derechos adquiridos», así como la «continuidad total» de la actividad productiva sin comprometer los servicios turísticos.
Los representantes señalan que la oferta del Grupo Martínon contribuiría a la cohesión social y al tejido económico local, además de «respetar» el interés público evitando indemnizaciones o costes adicionales para la masa concursal o el erario público.
Solicitan la nulidad de la adjudicación provisional
Los comités de empresa han instado al administrador concursal y al Juzgado de lo Mercantil competente a que valoren «de manera integral e imparcial» las consecuencias económicas, laborales y sociales de cada propuesta, solicitando así la nulidad del auto de adjudicación provisional.
Además, reclaman que se priorice la viabilidad de las unidades productivas, la continuidad del empleo y el respeto al interés general por encima de diferencias puramente nominales en las ofertas económicas. En este sentido, advierten que «no puede primar una diferencia simbólica de apenas 1.000 euros cuando lo que está en juego son millones en pérdidas reales, centenares de empleos y la estabilidad del tejido productivo local».
Por último, los comités de empresa han lamentado que, hasta el momento, «no hayan sido escuchadas» sus observaciones, a pesar de lo que establece la Ley Concursal respecto a la participación de las partes afectadas. Sin embargo, confían en que sus alegaciones «sean valoradas con rigor y responsabilidad», considerando el futuro y la estabilidad de más de 300 familias que dependen directamente de estos centros de trabajo.
