MURCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) – El consejero de Educación de la Región de Murcia, Víctor Marín, ha calificado de «imprudente» la idea de modificar la normativa para establecer distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos en este momento. Según ha indicado, hacerlo generaría «inseguridad jurídica» mientras se encuentran en deliberación en los tribunales la proporcionalidad de dichas restricciones, especialmente a la luz del reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Estas declaraciones fueron realizadas durante una sesión de control en la Asamblea Regional, donde respondió a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos. Este último reclamó cambios en los reglamentos autonómicos de juego para fijar distancias mínimas, recordando que la Asamblea aprobó una moción al respecto «prácticamente por unanimidad».
Álvarez-Castellanos también mencionó la importancia de que las condiciones aplicables, incluida la distancia a los centros educativos, deben ser las vigentes en el momento de la renovación de licencias, citando el artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia.
En su respuesta, el consejero subrayó que el juego es una actividad «legal» y que corresponde a las comunidades autónomas regular su desarrollo. Marín abogó por la «firmeza» en la protección de los menores y la «seguridad jurídica» en la regulación del juego, evitando así «improvisaciones». Destacó que desde septiembre de 2018 no se admiten nuevas autorizaciones para salones de juego ni bingos; las bajas de máquinas tipo B son definitivas; las apuestas solo pueden realizarse en locales específicos y, a diferencia de otras comunidades, no hay máquinas de apuestas en bares o cafeterías.
El consejero añadió que el acceso a los salones de juego está prohibido para menores y personas autoexcluidas «incluso en zonas de paso». Resaltó que el plan de inspección ha permitido realizar más de 1.500 actuaciones este año. En términos de prevención, citó el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que considera la ludopatía como una prioridad y actúa en centros educativos mediante programas reconocidos a nivel europeo, concluyendo que el juego ‘online’ es el ámbito donde la ludopatía está creciendo más entre los jóvenes.
Además, indicó que se encuentran en trámite decretos para reforzar el control de accesos, eliminar la publicidad en fachadas y mejorar los registros de prohibidos. Acerca del TJUE, Marín mencionó que reconoce que las restricciones de distancia pueden justificarse por interés público, pero dejó la decisión final sobre su proporcionalidad «pendiente de resolución judicial», insistiendo en que no sería prudente anticipar la reforma.
En otro orden de cosas, el diputado socialista Juan Andrés Torres acusó a Marín de haber estado «tres meses» sin transferir fondos a los institutos para gastos corrientes y «cuatro» meses sin abonar partidas a la Formación Profesional para materiales, lo que, según su opinión, está endeudando a los centros con los proveedores. «Pague lo que debe», reclamó el parlamentario.
Marín respondió que los ingresos a los centros se ajustan a una «planificación rigurosa» y que se está trabajando «en estos días» para hacer el abono correspondiente a los gastos del «último trimestre». También defendió el «mayor esfuerzo inversor» en formación profesional, destacando la creación de más de 100 ciclos nuevos en 2024 y 22 en 2025, con inversiones previstas de 2,7 millones de euros en equipamiento en 2024 y 2 millones de euros en 2025.
Por otra parte, la diputada del Grupo Mixto, María Marín, preguntó acerca de la contribución de las personas de origen extranjero a la economía regional, presentando estudios y datos sobre su actividad y contribución fiscal. En respuesta, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, afirmó que el Gobierno no analiza la economía «en función del origen», sino que utiliza datos agregados de empleo y productividad, enfatizando una inmigración «legal y ordenada» vinculada al empleo.
Durante el mismo Pleno, la consejera de Empresa, María Isabel López, presentó el nuevo «Investor Care Center» como el primer espacio de atención integral al inversor creado por una comunidad autónoma, ubicado en el Parque Científico y vinculado al Instituto de Fomento. Explicó que incluye un calendario de sesiones quincenales que se desarrollarán desde noviembre hasta junio de 2026. En el primer semestre de 2025, los servicios del Info habrán impulsado proyectos con un impacto de más de 96 millones de euros y 70 empleos, además de varias implantaciones industriales en municipios como Totana y Fuente Álamo.
El diputado de Vox, Pascual Salvador, preguntó sobre la actualización de protocolos ante posibles focos de peste porcina africana, mencionando incidencias con jabalíes muertos en Molina de Segura. La consejera de Empresa respondió que la Región cuenta con un plan de alerta sanitaria con protocolos de organización y actuación, afirmando que se ha duplicado el número de pruebas preventivas en explotaciones ganaderas. Según López, Murcia no ha registrado casos de peste porcina desde 1988.
En cuanto a infraestructuras, el PP indagó sobre la inversión en carreteras en Cartagena, y el consejero de Fomento, Jorge García, aseguró que desde noviembre del año pasado se han invertido más de 11 millones de euros en la red regional en el municipio, detallando actuaciones como el desdoblamiento de la RM-332 (Ronda Oeste) y mejoras en glorietas y firmes.
Finalmente, el socialista Miguel Ángel Ortega preguntó sobre las medidas para evitar subidas de alquiler en 2026, mencionando contratos que podrían encarecerse alrededor de 1.000 euros. García atribuyó el problema a la Ley estatal de vivienda y el desplome de la oferta, defendiendo como medida principal instar a su derogación y criticando los efectos de las «zonas tensionadas».
