CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha reprochado a los grupos de la oposición en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional que presenten las salvedades del informe del Tribunal de Cuentas como si fueran «ilegalidades» en el debate sobre la Cuenta General de 2022. Marín ha negado que la Comunidad Autónoma deba «3.000 millones de euros» a proveedores, afirmando que «no es verdad, son ajustes presupuestarios».
Marín ha defendido que el Tribunal señala que la Cuenta General «presenta fielmente» la situación financiera y que la gestión «se ha ajustado en términos generales a la normativa», subrayando que las salvedades no constituyen una impugnación global de la cuenta, sino que representan «ámbitos concretos de mejora». A su juicio, calificarlas de ilegalidades es una «distorsión deliberada». «No hemos venido a fabricar titulares, hemos venido a hablar con hechos», ha afirmado.
El consejero ha centrado gran parte de su intervención en el tratamiento contable de las aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS). Explicó que ciertas aportaciones no se registraron como gasto en 2022, lo cual afecta al resultado presupuestario, y que el Tribunal recomienda ajustar esos saldos. Sin embargo, ha insistido en que esto no implica una pérdida real de recursos ni una merma en la prestación sanitaria. «¿Se está faltando a la realidad? En absoluto», ha remarcado, asegurando que dichas aportaciones se destinaron al «mantenimiento de los servicios públicos fundamentales».
En cuanto al remanente de tesorería, Marín indicó que el Tribunal sugiere ajustar derechos de cobro asociados al SMS que podrían no recuperarse, lo que afecta su cálculo. Detalló que el 99,41% del ajuste indicado por el órgano fiscalizador se concentra en la relación financiera entre la Administración regional y el SMS, señalando que esa corrección «ya se ha hecho en la cuenta de 2023». También aclaró que el remanente «no es una hucha» de libre disposición.
Marín ha atribuido las tensiones financieras a la «infrafinanciación brutal» que, según ha indicado, afecta a la región, cuantificando en 1.675 millones de euros la diferencia con respecto a la comunidad mejor financiada. Recordó que el 84% del presupuesto se destina a servicios públicos esenciales, como Sanidad, Educación y Política Social, y defendió que «los murcianos van a tener los servicios», aunque esto implique recurrir a «al recurso de la deuda» mediante mecanismos extraordinarios.
Sobre la condonación de deuda planteada por el Gobierno central, cuestionó su utilidad práctica, señalando que, según la AIReF, el ahorro en intereses no puede ser destinado directamente a mayor gasto social. «Si no me permite salir a los mercados y no me permite usar ese gasto, ¿para qué me sirve?», se preguntó.
En relación a las modificaciones presupuestarias, Marín indicó que en 2022 ascendieron a 419 millones de euros, lo que representó un 67% menos que el año anterior, en un contexto marcado por la salida de la pandemia, la crisis energética y el inicio de la guerra en Ucrania. También defendió que el nivel de reparos se sitúa en el 0,07% de los expedientes examinados, y aseguró que, según el seguimiento del Tribunal, una recomendación se ha cumplido, siete están en proceso y tres no.
Respecto a la supuesta deuda con proveedores, reiteró: «¿Usted cree que si la Comunidad Autónoma debiera a proveedores 3.000 millones de euros alguien nos iba a proveer? Nadie», insistiendo en que se trata de «ajustes presupuestarios» y no de impagos efectivos.
El diputado del PSOE, Alfonso Martínez, replicó que el informe contiene «casi 300 páginas» y destacó que «excepto por los efectos de las salvedades señaladas a continuación» es un documento con múltiples preocupaciones. Asimismo, cuestionó qué opinión le merece que la Asamblea Regional haya rechazado la Cuenta General entre 2015 y 2021 y si asume alguna responsabilidad. Martínez citó la sobrevaloración de derechos pendientes de cobro en 1.575 millones, un remanente «inflado» en 4.621 millones, 843 modificaciones presupuestarias y un déficit de 1.060 millones en 2022. También criticó la política fiscal del Ejecutivo, cuestionando la reducción de impuestos mientras más de 520.000 personas viven en riesgo de pobreza.
Por su parte, el diputado de Vox, Rubén Martínez, calificó de «estafa» la política fiscal del Gobierno regional, afirmando que la deflactación del IRPF supuso un ahorro de «entre 8 y 10 millones» para 550.000 contribuyentes, lo que equivale a «un euro y medio al mes» por persona. Vinculó el informe con indemnizaciones pendientes del terremoto de Lorca y acusó al Ejecutivo de «incompetencia».
El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, consideró «francamente débil» que el Gobierno se ampare en comparaciones con el Estado, cuestionando que organismos incluidos en el presupuesto no figuren en la Cuenta General, como las universidades públicas. También criticó las bonificaciones fiscales, como la del impuesto de patrimonio.
Desde el PP, Carlos Albaladejo defendió que el Tribunal avala el cumplimiento general del marco normativo, rechazando que se pueda calificar la cuenta como «una estafa», e indicando que el Gobierno regional ha reforzado plantillas y mantenido prestaciones en un contexto económico complejo.
