Valladolid, 7 de mayo (EUROPA PRESS) – Más de 150 profesionales de escuelas infantiles de 0 a 3 años se han concentrado este jueves en la Plaza Mayor de Valladolid para reclamar soluciones ante las condiciones laborales «precarias» de las cerca de 4.500 personas que trabajan en el sector, atendiendo a unos 20.000 menores escolarizados en esa franja de edad. Además, han exigido menos ratios en los centros y sueldos más dignos para los trabajadores.
Durante la jornada, se ha convocado una huelga por parte de CCOO y la Plataforma 0-3 años de Castilla y León, bajo el lema ‘El 0-3 en lucha’. Ante el evento, se han registrado «multitud de ayuntamientos y empresas que han tratado de impedir este derecho fundamental al haber fijado unos servicios mínimos sin competencias legales para poder hacerlo».
Iván Pastrián, responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos de la FECCOO Castilla y León, ha señalado que existe una «tormenta perfecta» que «asfixia» a este ciclo educativo, provocada por una «fragmentación administrativa, salarios de pobreza y ratios insostenibles».
Pastrián ha lamentado que la Junta mantenga unas ratios del año 2008 que están obsoletas y que sobrecargan a las trabajadoras del sector. Mientras tanto, los asistentes han coreado consignas como ‘¡Más inversión para educación!’ y ‘¡El 0-3 se cabrea!’ en la céntrica plaza.
El responsable de FECCOO ha criticado un sistema que «perpetúa la precariedad laboral», con reivindicaciones urgentes que permanecen «bloqueadas» por la administración. Las ratios actuales fijan un máximo de ocho menores de 0 a 1 año, 13 en el caso de 1 a 2 años, y 20 en el tramo de 2 a 3 años. Estas cifras están «muy lejos» de las recomendaciones de la Unión Europea, que sugiere cuatro menores de 0 a 1 año, seis de 1 a 2 años y ocho de 2 a 3 años.
Asimismo, entre las exigencias durante la huelga se encuentra el «incumplimiento» por parte de la administración autonómica de su propia normativa, que establece que las unidades mixtas solo pueden darse bajo ciertas condiciones en centros que se consideren incompletos y que, por lo tanto, no cuenten con al menos una unidad en cada etapa educativa.
Pastrián ha señalado que permitir la convivencia de ocho menores de 0 a 1 año junto con cinco de 1 a 2 «desvirtúa» el objetivo de estas unidades, autorizadas únicamente para «concentrar a los niños, ahorrando costes y empeorando la atención».
También ha criticado que una técnico de educación infantil de una escuela subvencionada por el Ejecutivo autonómico cobre cerca de 200 euros menos al mes que aquellas que están licitadas con un ayuntamiento, un punto que CCOO ya había evidenciado al rechazar el convenio colectivo para este tipo de centros.
Por todo ello, la organización ha reclamado un Marco Estatal común que garantice condiciones laborales y educativas dignas y se acompañe de una necesaria dignificación salarial y reducción de ratios, lo que permitiría mantener una calidad educativa acorde a la importancia que tiene para los menores de 0 a 3 años.
Seguimiento de la huelga
Durante su intervención, Pastrián también se ha referido a las declaraciones del portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, quien afirmó que «solo un 20 por ciento de las trabajadoras» habían respaldado la huelga. «Si somos reales con los datos, ese porcentaje significa única y exclusivamente maestras, profesoras de centros de educación infantil, ya que hablaba de unas 700 personas», ha detallado, puesto que el sector en la comunidad está conformado por unos 4.500 profesionales.
Según sus datos, el seguimiento se ha calculado en torno al 60 por ciento, con variaciones «desiguales» en distintas provincias, pero que «no ha podido ser mayor debido a unos servicios mínimos abusivos que han fijado los ayuntamientos en connivencia con las empresas».
Pastrián ha agradecido el «claro respaldo» de las familias de la comunidad, que son «conscientes» de la necesidad de mejorar la educación de 0 a 3 años y considerarla una etapa educativa. «Es por ello que en muchos centros, pese a haberse fijado servicios mínimos abusivos, las familias no han llevado a los menores», ha concluido.
