Más de 560.000 personas se encuentran en exclusión social en Canarias debido al «reparto desigual de la riqueza», lo que se establece como un «problema estructural» que se «intensifica», según se desprende del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado con la participación de 180 investigadores de 51 universidades. Este informe fue presentado el lunes por Thomas Ubrich, miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa, junto a los obispos de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos y Eloy Santiago, así como los directores de Cáritas Canarias y Tenerife, Gonzalo Marrero y Juan Rognoni.
El análisis abarca una muestra de casi 12.300 hogares, de los cuales 613 son canarios, representando todas las islas. En el informe se constata de forma contundente que «no fallan las personas, falla el sistema». La exclusión social «es un fenómeno continuado» en la estructura social y económica de Canarias, con los principales motores siendo la «falta de acceso» a la vivienda y un empleo que «ya no protege» debido a su debilidad salarial frente al aumento del coste de la vida.
Canarias tiene la tasa de exclusión más alta de España
En este contexto, Canarias se sitúa como la comunidad con la tasa de exclusión más alta de España, afectando a una de cada cuatro personas (25,5%), con un impacto más severo en el 9,2% de la población. Los rostros de la exclusión social en el archipiélago son principalmente la juventud e infancia, así como la población extranjera y los hogares sustentados por mujeres.
A pesar del crecimiento económico en los últimos años, esta contradicción se hace «especialmente visible» en Canarias, ya que la riqueza se reparte de forma desigual y la exclusión se consolida como un problema estructural y cronificado. Aunque la exclusión severa ha mejorado desde 2018, hay 51.000 personas menos en situación crítica, la «precariedad se normaliza», dejando a muchas personas a un paso de caer en la exclusión. Se concluye que el crecimiento económico «no se ha traducido en cohesión social» y que la vulnerabilidad «se alarga» en el tiempo.
La vivienda es un «derecho fake»
El informe destaca que la vivienda es actualmente el «epicentro de la desigualdad» en Canarias, lo que se califica como un «derecho fake» dado que es la «dimensión de la exclusión más extendida», afectando a una de cada tres personas con algún rasgo de exclusión residencial. El impacto se considera «estructural», ya que el esfuerzo por el costo de vivienda y suministros pone a más de 122.000 hogares bajo el umbral de la pobreza severa. Actualmente, 218.000 personas viven en vivienda insegura y 342.000 en vivienda inadecuada.
El empleo se presenta como el «segundo gran factor» que empuja a la exclusión social, generando la paradoja de que «se trabaja más», pero tener un empleo «ya no garantiza estabilidad». Aunque el mercado laboral ha mejorado, con una reducción del paro de seis puntos hasta el 14% entre 2018 y 2024, Canarias sigue teniendo la tasa de desempleo más alta del país. Durante este período, los sueldos no han ganado poder real, ya que el incremento salarial casi «desaparece» a causa de la inflación (alrededor del +2,2% en términos reales).
Adicionalmente, el salario medio en Canarias continúa un 14% por debajo de la media estatal. Las medidas de garantía, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), «tampoco sirven de escudo» para los más vulnerables, pues en Canarias «solo alcanza a una de cada tres personas en situación de pobreza severa», lo que representa una cobertura muy inferior a la media estatal.
Otro aspecto mencionado es el deterioro de las relaciones sociales. En Canarias se está consolidando una estructura relacional cada vez más desigual y erosionada, afectando el sostén cotidiano y aislando a quienes más lo necesitan. Los problemas de convivencia y aislamiento social impactan a más de 114.000 personas (13,4%), mientras que el conflicto y la soledad se multiplican por tres (17%) en las condiciones de vida más frágiles.
«Exclusión» en salud
La salud se plantea como un ejemplo «más claro» de la desigualdad social en Canarias, donde uno de cada cinco hogares (22% – 188.000 hogares) «sufre exclusión» relacionada con la salud. El 24% de la población ha tenido que recurrir a servicios privados debido a listas de espera o dificultades en la sanidad pública, evidenciando que el acceso a estos seguros es «profundamente desigual», y el uso del sistema público ha caído cuatro puntos desde 2018.
Además, casi una de cada cuatro personas (24%) califica su salud física como regular o mala, cifra que supera el 20% estatal, reflejando las «dificultades» para adquirir medicamentos o seguir tratamientos por falta de recursos económicos (+8 puntos), afectando a más de 186.000 hogares. También se hace mención a la inseguridad alimentaria, que impacta al 3,7% de los hogares.
Rostros de exclusión
El informe revela que la exclusión social en Canarias presenta rostros «definidos y repetidos», afectando a casi la mitad (48%) de las personas con nacionalidad extranjera. No solo es económica, sino también cívica y democrática, ya que más de 220.000 personas viven en Canarias en hogares sin derecho a votar ni a ser elegidas.
Otro grupo afectado es la infancia y la juventud, donde uno de cada tres menores vive en situación de exclusión (34%), en contraste con el 17,5% de personas mayores de 65 años. La exclusión también afecta con «mayor intensidad» a los hogares encabezados por mujeres (30% frente al 22% de los hogares dirigidos por hombres), lo que subraya la carga de ingresos, precariedad laboral, y dificultades de acceso a la vivienda y a los cuidados.
El informe concluye que el problema «no es la falta de iniciativa, sino un sistema que no ofrece apoyos suficientes». Las soluciones deben orientarse a la regulación del mercado de la vivienda y el empleo, que son motores de desigualdad en Canarias. Por lo tanto, el Informe FOESSA y Cáritas proponen construir un nuevo pacto social que ponga a las personas en el centro y refuerce el Estado del Bienestar, asegurando que se necesitan una «sociedad civil activa», instituciones públicas fuertes y una clase política comprometida para que nadie se quede atrás en Canarias.
