El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Sevilla la firma de un acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, cuyo objetivo es mejorar el empleo público y la prestación de servicios «de calidad» en virtud de la Ley de Función Pública de Andalucía. Durante el evento, que tuvo lugar en el Palacio de San Telmo, Moreno subrayó que este acuerdo responde a una «deuda pendiente», que busca situar a los empleados públicos andaluces en «la media salarial» de las administraciones públicas de España.
El acuerdo fue suscrito por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno Gómez; el secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado; y el secretario general de la sección de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO-A, José Pelayo. Su alcance económico será de 250 millones de euros a lo largo de cinco años.
En su intervención tras la firma, Juanma Moreno resaltó el «esfuerzo, compromiso e interés» de los sindicatos para alcanzar un acuerdo crucial para el sector público andaluz. Agradeció también el «importante trabajo realizado» desde la consejería dirigida por José Antonio Nieto. Este acuerdo incluye mejoras en las condiciones laborales y salariales de unos 80.000 trabajadores del sector público andaluz, abarcando al personal funcionario, laboral, de justicia y al personal que trabaja en el sector público instrumental.
El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral entró en vigor el 3 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de diciembre. Moreno destacó el «clima de lealtad institucional» que permitió la consecución de este acuerdo «histórico» y su ambición de «marcar un antes y un después» en la relación de la administración con los andaluces.
También subrayó la importancia del evento en un contexto en el que «el acuerdo brilla por su ausencia prácticamente en todos los rincones de España», señalando que Andalucía lanza un «poderoso ejemplo» de recuperación del valor de la negociación colectiva. «No se trata solo de mejorar condiciones laborales, sino también de transformar la administración», afirmó.
El presidente hizo hincapié en que casi nueve millones de personas se benefician de los servicios públicos de la administración andaluza y que el diálogo social está actualmente «más vivo y más fuerte que nunca». La administración autonómica buscará modernizarla y mejorar la estabilidad del empleo público, así como la formación y promoción del personal para garantizar una prestación de servicios de calidad a la ciudadanía.
Por su parte, el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno Gómez, destacó que el acuerdo aborda demandas históricas y permite construir una administración más moderna y eficiente, aspirando a ser la mejor «carta de presentación de Andalucía» en términos de igualdad y cohesión social. Aseguró que durante la vigencia del acuerdo estarán vigilantes para garantizar su cumplimiento.
Antonio Tirado, secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, indicó que estamos ante un «magnífico acuerdo» que beneficiará tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía. Mencionó que alcanzar el acuerdo no fue fácil, pues requirió mucha dedicación y sacrificio. También destacó que este acuerdo mejorará los servicios públicos y la gestión estatal para ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos.
José Pelayo, secretario general de la sección de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO-A, señaló que aunque se dejaron algunos asuntos pendientes, se alcanzó un acuerdo necesario que impulsará los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía andaluza.
CONTENIDO DEL ACUERDO
La entrada en vigor de este acuerdo será con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Su alcance económico será de 250 millones de euros para los próximos cinco años, distribuidos en 50 millones por ejercicio.
Este acuerdo incluye la creación de una carrera profesional similar a la existente en el ámbito sanitario, donde serán los propios empleados quienes deben solicitar su aplicación, con efectos a partir del 1 de enero de 2025.
El Gobierno andaluz ha destacado que el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo, promoviendo la sustitución gradual del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, diseñado para ser «más claro, homogéneo y basado en criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica», además de eliminar desigualdades históricas y reforzar la coherencia interna del modelo laboral.
Finalmente, el compromiso del Gobierno andaluz es culminar la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al que todavía está vigente desde 2002, buscando dotar al personal laboral de un marco actualizado que cumpla con los requisitos de la Ley de Función Pública. Además, se prevé una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laboral, facilitando la integración efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, así como una adecuada distribución y dimensionamiento de recursos preventivos.
