MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha advertido este jueves que «la combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo-Segura supondría un golpe sin precedentes para los agricultores y la economía murciana». En rueda de prensa, Ortuño dejó claro que, frente a este escenario, el Gobierno regional «seguirá defendiendo los intereses de los murcianos y trabajando junto a los regantes, exigiendo al Ministerio que aporte soluciones y alternativas reales». «El futuro de nuestra tierra, de la agricultura y el futuro de miles de familias está en juego», ha insistido.
Ortuño presentó un informe elaborado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, sobre las consecuencias económicas y sociales que tendrá en la Región el cierre de los acuíferos, «previsto para 2027». Según el estudio de la Universidad de Alicante, que incluye datos preocupantes, el coste económico en la Región de Murcia ascendería a 680 millones de euros anuales, lo que representa el 82% del impacto total previsto en la cuenca del Segura.
En concreto, esta medida provocaría la destrucción de más de 20.500 empleos a tiempo completo y se perderían 28.700 hectáreas de regadío en la Región, lo que equivale a una de cada cinco hectáreas. «Se trata de un golpe directo a la agricultura, que es el motor económico y social de muchas comarcas», reconoce Ortuño. El portavoz alertó que la situación es crítica, enfatizando que «el tiempo se acaba y el Gobierno de España no ha hecho nada». También señaló que esta problemática no solo afecta al campo, sino que impactará en sectores industriales y de servicios asociados a la actividad agraria, como la industria agroalimentaria, la comercialización y la logística.
Impacto Económico y Valor Patrimonial
El impacto sería devastador para la economía regional en su conjunto y vendría acompañado de una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, ya que la reconversión de regadío a secano reduce drásticamente la rentabilidad de las tierras. El propio estudio subraya que hay soluciones claras que deben ser exploradas, incluyendo el desarrollo de infraestructuras hidráulicas adicionales. Un ejemplo es la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano, una iniciativa que el Gobierno murciano ha propuesto repetidamente.
El Altiplano es una de las comarcas más perjudicadas por el cierre de acuíferos. A este escenario se añade la reducción del trasvase Tajo-Segura, que contemplaría un recorte del 50% a partir de 2027. Preguntado sobre posibles medidas para frenar el cierre de pozos, Ortuño aseguró que utilizarán todos los recursos a su alcance y exigirán al Ministerio que ofrezca soluciones reales a un problema potencialmente grave, particularmente para la comarca del Altiplano.
Efectos Socioeconómicos en la Cuenca del Segura
El estudio realizado por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante expone los efectos socioeconómicos que tendría el cese de extracción de masas de agua subterráneas a partir de 2027 en la cuenca del Segura. En el ámbito laboral, las consecuencias serían igualmente severas, con la posible destrucción de hasta 20.572 empleos a tiempo completo en distintos sectores productivos, lo que representa el 81,2% del impacto total en la cuenca.
Además, se estima que el cierre de acuíferos implicaría la eliminación de 28.702 hectáreas de regadío en la Región, lo que equivale a más del 16,5% de la superficie actualmente dedicada a la agricultura que utiliza aguas subterráneas. En la totalidad de la cuenca del Segura, las pérdidas podrían ascender a 826 millones de euros anuales, junto con la destrucción de 25.000 puestos de trabajo. El impacto también afectaría a sectores indirectos asociados, como la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y otros servicios relacionados.
El efecto económico del cierre de acuíferos tendría un efecto muy negativo sobre la economía de las regiones que conforman la cuenca del Segura, junto con una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias. Para mitigar estas consecuencias, el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales enfatiza la necesidad de implementar infraestructuras hidráulicas que sustituyan los recursos hídricos subterráneos y la integración de recursos externos.
Ante la inminente prohibición del uso de pozos y acuíferos a partir de 2027, el Gobierno regional ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a encontrar alternativas, considerando que esta medida representaría un perjuicio irreparable para muchas áreas de la Región de Murcia que carecen de otras fuentes de suministro, como ocurre en el Altiplano. Este escenario de crisis se agrava aún más con el recorte programado del 50% en el agua del trasvase Tajo-Segura destinada al regadío en 2027.
