Madrid, 8 de septiembre de 2024 – Nacho Cano, el reconocido productor musical, ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Esta acción legal está relacionada con la instrucción que Iglesias llevó a cabo en la investigación de supuestas irregularidades en el espectáculo ‘Malinche’ de Cano.
Según el escrito judicial al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que la magistrada declare como querellada, dado que el delito de prevaricación conlleva una pena de multa de entre doce y veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo que puede variar entre diez y veinte años.
El documento también incluye la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que elaboró el informe de la inspección realizada el 27 de junio de 2024, la cual fue clave para el archivo del caso.
La querella se presenta meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decretara el archivo provisional del caso, tras considerar que los imputados no intentaron introducir a los ciudadanos mexicanos que vinieron a España para representar el musical de forma clandestina.
En este sentido, la Sala determinó que, a partir de la actuación judicial, no había suficientes indicios que probaran la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, independientemente de que «cumplan o no los requisitos administrativos que deben ser valorados en otra jurisdicción».
PREMISAS ERRÓNEAS
En su querella, la defensa de Cano argumenta que el atestado policial que dio origen a la causa se fundamentó en premisas erróneas. Estas incluyen, según la defensa, «la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales».
La defensa afirma que, «a partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades». En este contexto, apunta que se realizaron diferentes actuaciones policiales con el único fin de proceder a la detención de Cano.
Los abogados de Cano detallan que se han presentado diecisiete denuncias por delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documentos públicos (el atestado) relacionados con el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19. Argumentan que «las irregularidades en dicho atestado y en la actuación policial constituyen un grave delito contra la administración de justicia, que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente». Sin embargo, la jueza ha rechazado las inhibiciones formuladas por las instancias que han recibido estas denuncias.
Además, la defensa sostiene que «se ha encontrado con serias dificultades para ejercer el derecho a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española», no solo por la constante denegación del acceso a las diligencias de prueba que consideran necesarias, útiles y pertinentes, sino también por la notoria parcialidad de la juez denunciada.
