PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Navarra está avanzando en la creación de un registro de grupos de interés o ‘lobbies’, pensado para fomentar la transparencia en las relaciones que mantienen los poderes públicos con empresas, particulares, asociaciones o cualquier otro tipo de organización interesada en influir en la elaboración de políticas o disposiciones normativas.
Esta herramienta forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo foral está desarrollando para reforzar la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en las instituciones, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota informativa.
El registro de grupos de interés es una de las principales novedades del anteproyecto de ley foral que modifica la ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este anteproyecto fue aprobado en sesión de gobierno el pasado miércoles y ahora se remitirá al Parlamento de Navarra para su debate y aprobación definitiva. En rueda de prensa, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha detallado los aspectos de esta reforma.
Taberna ha indicado que esta reforma es parte de los seis ejes de trabajo en los que se enfoca el Gobierno de Navarra para favorecer la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, alineado con el Plan de Acción para la Democracia de la Comisión Europea.
El plan incluye iniciativas como la creación de redes y consejos de participación, la promoción de la transparencia mediante la ley foral que se impulsó este miércoles, y la mejora del acceso a la información pública. Además, busca consolidar los mecanismos de rendición de cuentas y auditoría ciudadana, reforzando las políticas de ética pública y lucha contra la desinformación mediante programas de alfabetización mediática y acuerdos con organismos europeos. También se plantean medidas para mejorar la atención ciudadana, especialmente en el ámbito rural y en materia de igualdad de oportunidades, de manera que se garantice la cohesión social y el equilibrio del territorio.
Conforme a una disposición incorporada al proyecto de ley foral de Transparencia, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) será la entidad encargada de gestionar el nuevo registro de grupos de interés. Este registro será aplicable a las tres instituciones forales mencionadas en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, sobre la Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la presidenta o presidente de la Comunidad Foral de Navarra.
La OANA desarrollará reglamentariamente esta herramienta junto con el Gobierno de Navarra, que la aprobará a través de un decreto foral. Asimismo, se establecerá un Código de Conducta para estos grupos en sus relaciones con las tres instituciones, con el fin de garantizar la transparencia y honestidad en dichas interacciones.
Según ha explicado el vicepresidente Taberna, el objetivo es «convertir la transparencia en una forma de gobernar», buscando que la Administración sea «una casa de cristal». Esto contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, impulsar su participación en los asuntos públicos y establecer barreras efectivas contra la corrupción. La reforma ha sido fundamentada en las propuestas realizadas por el Consejo Navarro de Transparencia, incorporando 20 de sus 24 propuestas y habiendo sido sometida a la correspondiente fase de exposición pública.
La ley de 2018 ya obligaba a la creación del registro de grupos de interés, pero Taberna ha señalado que existía una «dislocación» en la normativa, ya que se aprobó también la ley de la Oficina Anticorrupción, que también asignaba la creación de este registro. «Ahora, esta nueva ley establece claramente que le corresponde ese registro a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción», ha aclarado.
En otro orden de cosas, el vicepresidente ha mencionado que sería conveniente que el Parlamento de Navarra, «con toda su autonomía», estableciera una agenda pública institucional similar a la que tiene el Gobierno de Navarra. Además, Félix Taberna ha sostenido que los miembros del Gobierno «cumplen con su agenda pública institucional», aunque ha admitido que «todo tiene procesos de mejora».
La ley foral 5/2018 define como grupos de interés a las organizaciones y personas que, desarrollando sus actividades en el territorio foral, se dedican profesionalmente, total o parcialmente, a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de pol políticas o disposiciones normativas, así como en su aplicación o en la toma de decisiones en defensa de intereses propios, de terceras personas u organizaciones, e incluso de intereses generales, sin que ello impida el ejercicio de los derechos individuales de reunión y de acceso o petición.
También se consideran grupos de interés a las plataformas, redes y otras formas de actividad colectiva que, sin tener personalidad jurídica, constituyen de facto una fuente de influencia organizada y que realicen actividades dentro del ámbito de aplicación del registro.
La inscripción de las organizaciones y particulares interesados en mantener relaciones con los poderes públicos será obligatoria en este nuevo registro de grupos de interés, lo que facilitará la identificación y el control de todas las actividades, independientemente del canal o medio que utilicen. Este registro dará publicidad a las actuaciones de los grupos de interés, especialmente a las reuniones y audiencias mantenidas con autoridades, cargos públicos o electos, así como a las comunicaciones, informes y otras contribuciones relacionadas con los asuntos tratados.
Otras novedades de la reforma de la ley de transparencia
A las entidades depositarias de información pública ya sometidas a esta ley foral (Gobierno, Parlamento, presidenta, entidades locales, Universidad Pública de Navarra, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Cámara de Comptos) se añade ahora la OANA, que no existía en la última redacción de esta normativa.
Además, se destacan los cambios que buscan potenciar el papel del Consejo de Transparencia y garantizar su independencia y capacidad de respuesta, como el ajuste en su composición. Se plantea suprimir la presencia de los cuatro representantes políticos del Parlamento de Navarra en este órgano e introducir en su lugar a una persona representante de la Cámara foral con un perfil técnico.
Así, el Consejo de Transparencia quedaría integrado por la persona titular de la presidencia y siete vocalías ocupadas por personal técnico, representando al departamento del Ejecutivo foral competente en materia de transparencia (actualmente, el Departamento de Presidencia e Igualdad), la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra.
En cuanto a la presidencia del Consejo de Transparencia, se propone un mandato de seis años de duración, en lugar de los cuatro actuales, sin posibilidad de renovación ni de continuar en funciones. El presidente o presidenta de este órgano no podrá pertenecer a ningún partido político en el momento de su nombramiento.
Finalmente, las personas integrantes del Consejo de Transparencia podrán percibir remuneraciones por su trabajo en la resolución de reclamaciones, y se podrá establecer una retribución anual tanto para la persona que presida el Consejo como para quien realice funciones de secretaría.
