MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha mantenido una reunión este jueves con el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard, para conocer el avance de la planificación eléctrica 2025-2030. Esta planificación contempla un volumen de inversión para el conjunto del país de unos 10.000 millones de euros, sin contar las interconexiones, y fue presentada el pasado viernes.
En una nota de prensa, Paradela destacó que el borrador recoge en buena medida las actuaciones que la Junta de Andalucía planteó al Ministerio para la Transición Ecológica y Red Eléctrica Española (REE) en marzo de 2024. «Es un reconocimiento al trabajo bien fundamentado que planteamos desde el Gobierno andaluz, atendiendo proyectos industriales y desarrollos concretos que supondrán crecimiento económico y generarán nuevas oportunidades para Andalucía», afirmó.
Durante la reunión, donde participaron técnicos del Gobierno autonómico, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, se analizó el creciente interés por invertir en Andalucía, especialmente en nuevos proyectos industriales, gracias a los precios competitivos de la electricidad que proporcionan las energías renovables. El Gobierno señaló que la propuesta de planificación permitirá avanzar hacia la descarbonización, habilitando la conexión de nuevas instalaciones de energías renovables y almacenamiento.
La propuesta también plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas, facilitando grandes proyectos de hidrógeno, nuevos ejes ferroviarios y la electrificación de puertos, entre otras actividades productivas, junto con nuevas promociones inmobiliarias y residenciales. Se fomentará la vertebración del territorio con nuevos tendidos y mallados de las redes, como en Jaén, desde Baza hasta Manzanares. Muchas de estas actuaciones tendrán especial incidencia en áreas rurales, atrayendo tejido empresarial y generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética.
No obstante, Paradela enfatizó que aún quedan pendientes actuaciones estratégicas en las que Andalucía seguirá trabajando para que puedan incorporarse al documento de planificación definitivo. Durante la reunión, en la que participaron el viceconsejero Cristóbal Sánchez y el secretario general de Energía, Manuel Larrasa, junto a responsables de REE, el consejero andaluz subrayó el «esfuerzo y el compromiso» de Andalucía para contribuir al despliegue de energías renovables y a los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). «Sin la aportación de Andalucía, difícilmente sería posible cumplir con el PNIEC, que beneficia al conjunto del país», añadió.
Paradela también indicó que Andalucía ha registrado cifras récord en su implantación, sumando 3.607 megavatios (MW) en energías verdes en los últimos doce meses, lo que sitúa su parque de generación eléctrica renovable en 16.111 MW a cierre de junio de 2025.
La integración de energías renovables era un criterio prioritario en la planificación vigente 2021-2026 y, dado que Andalucía ha cumplido con sus deberes, ahora espera del Gobierno central que ponga fin a la infradotación de redes de transporte eléctrico. «Andalucía parte de una situación de clara desventaja, con una densidad de red de transporte eléctrico un 40% inferior a los valores medios peninsulares, con 742 kilómetros de red por millón de habitantes frente a 1.242 kilómetros de media», explicó el consejero.
Durante la reunión, Paradela también compartió una actualización de las propuestas de inversión que Andalucía trasladó en marzo de 2024. «Ha pasado un año y medio desde que presentamos nuestras prioridades, por lo que hemos incorporado nuevas actuaciones que han madurado en este periodo», precisó.
Las principales nuevas demandas incluyen la ampliación de tres subestaciones en las provincias de Málaga, Granada y Huelva para dar respuesta a iniciativas industriales, así como la construcción de una subestación en la provincia de Sevilla. También se plantearon dos nuevas líneas de 400 kV, una en Jaén y otra en Granada. Estas nuevas inversiones, que suman una inversión adicional superior a los 100 millones de euros, se plantearán en el periodo de consulta pública que abrirá el Ministerio en las próximas semanas.
Respuesta a la Demanda Industrial
La propuesta presentada por la Junta de Andalucía se basa en dar respuesta a proyectos industriales y de la economía del hidrógeno que requieren un gran consumo de energía; en reforzar las interconexiones con otras comunidades para la evacuación de la generación renovable y dar soporte a nuevos desarrollos industriales; y en favorecer la implantación de proyectos tractores que fijen población y vertebren el territorio, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región.
Tomando como base estos objetivos, Andalucía solicitó al Gobierno central en marzo de 2024 la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones (incluidas ampliaciones de subestaciones) y 8 nuevas líneas de doble circuito en la red de transporte. Estas actuaciones implican una inversión total de 544 millones de euros. A ello, se suman los 280 millones de euros de la planificación vigente que aún no se han ejecutado, además de las infraestructuras ferroviarias por parte de ADIF.
El Gobierno ha indicado que la propuesta inicial de planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos basados en las aportaciones presentadas y las prioridades del Ejecutivo andaluz. El documento se someterá a consulta pública tras esta ronda de encuentros autonómicos y se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación. Una vez recogidas las contribuciones, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental de las propuestas presentadas, considerando los principios rectores de la planificación.
El resultado de este análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que evaluará el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Tras evaluar las conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán ante el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.
