Los peruanos encaran un nuevo proceso electoral con las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 12 de abril, marcadas por una década de inestabilidad política. Hasta la fecha, el país ha tenido ocho presidentes, incluyendo al actual, y se enfrenta a una lista de candidatos cuyos historiales están llenos de denuncias, condenas e irregularidades, lo que subraya una crisis institucional que se ha convertido en un modelo de gobernanza disfuncional.
Estas elecciones se perfilan como históricas, no solo por un aumento de hasta el 8 % del censo electoral con respecto a 2021, que supera los 27,2 millones de votantes, sino también porque podrán elegir entre un número récord de candidatos presidenciales, hasta 35, lo que seguramente provocará una fragmentación del voto sin precedentes.
Los principales favoritos en las encuestas apenas superan el 14 %, lo que hace muy probable una segunda vuelta el 7 de junio. Los candidatos conservadores Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori han oscilado entre esos porcentajes en sondeos en los que los indecisos superan el 30 %.
López Aliaga, exalcalde de Lima, y Fujimori, la eterna aspirante e hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, compiten por el apoyo del electorado en la capital. Sin embargo, es en las regiones rurales, donde vive el 70 % de la población de 34 millones, donde se decidirá el resultado de la contienda.
La actual situación es bien conocida por Fujimori, quien en las elecciones anteriores fue derrotada por tercera vez, después de que Pedro Castillo, hoy encarcelado tras intentar un autogolpe en 2022, captara la totalidad del voto del sur del país, especialmente de las áreas mineras y más aisladas.
Los proyectos políticos que desafían al sistema, representados por figuras como Castillo, quien prometió reformar la Constitución y redistribuir la riqueza ante la resistencia del Congreso, han logrado atraer a votantes de regiones con históricamente poca presencia estatal.
Candidatos en entredicho
Más de 10.000 candidatos aspiran a un nuevo Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990, donde se necesita al menos el 5 % de los votos para obtener representación. Los 130 aspirantes a la Cámara de Diputados y los cinco del Parlamento Andino se suman a otros 60 del Senado.
De la lista de candidatos presidenciales, al menos 16 han omitido información crucial en su declaración jurada, entre ellos vínculos empresariales, sentencias y cargos previos, según informes del Jurado Electoral Especial (JEE), lo que incrementa las dudas sobre la idoneidad de una clase política en crisis.
Actualmente, cuatro expresidentes se encuentran en prisión: Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. Otros, como Alberto Fujimori, ya han cumplido condenas, y Pedro Pablo Kuczynski fue sentenciado a tres años de arresto domiciliario. Alan García, por su parte, eligió quitarse la vida antes de ser detenido por corrupción.
El JEE ha señalado irregularidades en la declaración de Keiko Fujimori, quien enfrentó prisión preventiva por supuesta financiación irregular de sus campañas. En su caso, no incluyó su participación en una empresa y su titularidad en otra, aunque el asunto fue archivado tras revisión.
Asimismo, la nota de López Aliaga ha sido objeto de críticas por no declarar su condición de socio fundador en una inmobiliaria. Otros candidatos como Carlos Álvarez y Alfonso López Chau también han estado en el foco por cuestiones similares. En varios casos, los aludidos alegan errores involuntarios o desactualización de la información en el JEE.
Sin embargo, los casos más impactantes se encuentran entre los candidatos legislativos, donde casi 500 presentan sentencias firmes por diversos delitos. De estos, 51 están relacionados con violencia familiar, ya sea por lesiones o impago de pensión alimenticia.
El partido de derecha Alianza para el Progreso (APP), encabezado por César Acuña, destaca por tener el mayor número de condenados, con 53, seguido de Podemos Perú, con 33; Fuerza Popular de Fujimori, con 32; Primero Perú, con 26; y Perú Libre, con 22, cuyo candidato, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia, pero aún así participa en las elecciones.
Algunos de los candidatos enfrentan cargos por robo, conducción en estado de embriaguez, agresión, lesiones y amenazas de muerte, como el caso del aspirante a diputado por el partido Buen Gobierno, Rolando Cueva García, quien ha sido denunciado por un compañero de universidad por amenazas, así como por videos en los que aparece manejando en estado de ebriedad.
Nunca antes los peruanos habían tenido que elegir entre tal cantidad de aspirantes. Está por verse si podrán frenar la creciente crisis institucional y de credibilidad política, en un contexto social donde la inseguridad, la corrupción y el desempleo son preocupaciones centrales para el electorado.
