Lima (EFE) – La Policía Nacional de Perú ha incrementado la seguridad en las inmediaciones de la embajada de México en Lima, con 25 agentes, para prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betssy Chávez, que permanece en esa sede diplomática a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país. Esto fue confirmado el pasado viernes por el comandante general de la institución, Óscar Arriola.
El jefe de la Policía Nacional declaró al Canal N que han desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para «cerrar cualquier posibilidad» de fuga de Chávez, subrayando que en la residencia mexicana hay «un número considerable» de 25 policías asignados.
Respecto a la posibilidad de una fuga de Chávez en coincidencia con las fiestas de fin de año, Arriola añadió que «hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario».
La ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del exmandatario en 2022. Sin embargo, días antes de la lectura de la sentencia, ingresó en la casa del embajador de México en Lima y recibió asilo, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
El jefe policial explicó que las posibles formas de fuga de una persona asilada «podrían tratar de burlar la seguridad, podrían salir en un vehículo con inmunidad diplomática y hacer un transbordo en algún punto» de la ciudad.
Crisis Política en Perú
Dado que los vehículos diplomáticos también tienen inmunidad, la Policía estaría impedida de detener o intervenir, «salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes», señaló Arriola.
A raíz de este caso, el canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su «evolución negativa» y se convierta en «un instrumento para eludir la justicia».
En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA a principios de este mes, el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, pero sí advirtió que este reafirma la «evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas» de 1954, utilizada en la actualidad «para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos».
El ministro reconoció los retos de su país, que aún no se ha recuperado de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que «prevalecen las garantías del debido proceso» y «sobre todo, el principio de no impunidad».
Además, adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.
El mandatario interino de Perú, José Jerí, indicó que su gobierno se tomará un tiempo indefinido para analizar el caso antes de otorgar el salvoconducto que permita a Chávez salir del país rumbo a México, tal como lo hicieron anteriormente con el mismo estatus la esposa e hijos del expresidente Castillo.
