SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) – El presidente de la ‘Asociación Canarias 1500 km de Costa’, Sebastián Quintana, ha señalado este jueves que las Islas Canarias son «seguras», y cuenta con los «mejores medios, servicios e instituciones» para afrontar el desafío de los accidentes acuáticos. Sin embargo, el archipiélago precisa de acciones políticas transversales, así como de la colaboración del sector turístico, que hagan frente a una realidad alarmante: «siete de cada diez personas fallecidas por ahogamiento en Canarias son turistas».
Quintana, que ha comparecido en el Parlamento canario a petición del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, ha valorado que, si bien el Gobierno canario lleva activando en los últimos años campañas de prevención, «desgraciadamente», la situación crítica persiste. Este balance se ejemplifica con el accidente del pasado domingo en Santiago del Teide, donde fallecieron cuatro personas, mientras persiste la búsqueda de una persona desaparecida, tras ser arrastrada por un golpe de mar en una piscina natural, en plena prealerta por fenómenos costeros.
«Los ahogamientos suponen la primera causa de muerte por accidente en Canarias, superando a los fallecidos por accidente de tráfico. Es una realidad a revertir», defendió Quintana. Precisó que «el mejor flotador» es «la información», por lo que defendió la colaboración del sector turístico, tanto de establecimientos hoteleros como extrahoteleros, en mejorar la comunicación de las prealertas o alertas sobre fenómenos costeros a sus clientes, los turistas.
TURISMO Y ACCIDENTES ACUÁTICOS
«Si bien en la actualidad ya ascienden a 66 los fallecidos en Canarias por este motivo, son 5 las personas que, de media, fallecen al mes por ahogamiento en el archipiélago», afirmó Quintana. A medida que se ha observado en el archipiélago un «récord» en la llegada de turistas, se evidencia «un incremento en la siniestralidad».
Entre 2016 y 2024, un total de 353 personas de nacionalidad extranjera sufrieron algún tipo de accidente acuático en el archipiélago, siendo en el 80% de los casos por imprudencias. En total, hasta 217 personas han perdido la vida, principalmente en playas y zonas de costa de las islas, así como en establecimientos turísticos.
Quintana ha defendido la mejora de la comunicación en el sector turístico para activar una situación de prealerta o alerta. Propuso la puesta en marcha de recomendaciones que informen al turista sobre la situación y desaconsejen el baño en zonas en peligro. Esta iniciativa debería extenderse a establecimientos extrahoteleros, y se espera que los propietarios y responsables sean los encargados de transmitir ese mensaje a sus clientes.
MÁXIMA PROTECCIÓN A MENORES
Quintana también ha advertido de la preocupación por los menores de edad víctimas de ahogamiento. Ha insistido en que entre 2016 y 2024, 188 menores sufrieron algún tipo de accidente acuático, con 13 fallecidos desde 2018.
Consideró fundamental invertir en campañas para prevenir situaciones de peligro en el mar, análogas a las que han implementado otros organismos como la DGT, y sobre todo, en iniciativas dirigidas a menores de edad. Según los estudios consultados, «de cada diez menores que sufren un accidente acuático, nueve resultan de falta de atención, cuidado y vigilancia por parte de los progenitores».
Respecto a la normativa que regula la seguridad en zonas de baño en Canarias, Quintana señaló que esta se ha quedado «prácticamente descafeinada» tras una sentencia del Tribunal Supremo, que determinó que los «municipios con menos de 20.000 habitantes» no tienen que cumplir con el decreto establecido: «El 78% de los municipios canarios tienen censados menos de 20.000 habitantes».
Pájara, en la isla de Fuerteventura, uno de los «puntos negros» donde mayor número de personas se ahogan, tiene menos de 20.000 habitantes, mientras le visitan más de un millón de turistas.
MÁS DE 600 FALLECIDOS DESDE 2016
Desde los Grupos Parlamentarios, que han mostrado su apoyo unánime a la Asociación, han lamentado las cifras «escalofriantes» presentadas por Quintana, que evidencian el fallecimiento de 608 personas por ahogamiento de 2016 a 2024, 703 heridos de diversa consideración y hasta 391 rescates. Estas cifras son una clara indicación de que «algo tenemos que hacer, y que las administraciones deben implicarse».
Además, se ha subrayado que los Ayuntamientos tienen un papel «fundamental» en este asunto y que no deben ser dejados «solos», sino recibir ayuda «con los medios necesarios» para afrontar el problema.
Paula Jover, de Vox, cuestionó a Quintana sobre el nivel de profesionalización de los socorristas en Canarias, así como de los medios necesarios, enfatizando que «más que atender estos casos, hay que prevenir que la tragedia ocurra». Quintana precisó que para cumplir con la ley vigente, se estima que se deberían contratar unos 1.500 socorristas más, una cuestión que depende de cada ayuntamiento, aunque su nivel de profesionalidad actual en las islas es «muy heterogéneo».
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, recordó la importancia de mejorar la información al turista, especialmente en la oferta de vivienda vacacional, que tiene un «alto impacto» en Canarias. El Ejecutivo regional debería adoptar una posición «más proactiva» y no dejar la gestión de esta información a la voluntad de quienes alquilan.
El Partido Popular resaltó que, si bien Canarias es un «destino seguro», debe trabajar para que lo sea «todavía más». Abogaron por colaborar con el sector turístico para que los avisos de riesgo sean transmitidos «sin distorsión»: «En Canarias convivimos con un océano hermoso pero imprevisible, con condiciones que cambian bruscamente».
Lorenzo Brito, de CC, valoró la labor de la Asociación en la cultura acuática, señalando que la mayoría de las personas fallecidas por ahogamiento en Canarias son extranjeras, con edades entre 35 y 60 años, capaces de entender lo que implica una prealerta y observar las condiciones del mar.
Desde el PSOE, Nayra Alemán Ojeda defendió que la clave para afrontar el problema de los accidentes acuáticos radica en la «prevención y sensibilización», internas a otros departamentos más allá de Emergencias, ya que la seguridad es un «asunto transversal».
