VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) – El PNV, PSE-EE, PP y Vox han rechazado este jueves, en el Pleno del Parlamento Vasco, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba modificar la legislación estatal para facultar a las comunidades autónomas a establecer un Salario Mínimo Interprofesional «aplicable en su territorio», abriendo así la puerta a que Euskadi pudiera constituir un SMI «propio».
La toma en consideración de la iniciativa ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), por lo que la ILP no será tramitada por el Parlamento autonómico.
La defensa de esta Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, ha sido realizada por el secretario general de ELA, Mikel Lakuntza. Este afirmó en su intervención en el pleno que «el salario mínimo establecido en España no sirve para salir de la pobreza porque en este país, como cualquiera sabe, no se puede salir de la pobreza con 1.184 euros mensuales».
El máximo responsable de ELA destacó que esta ILP, respaldada por 138.000 firmas, tiene como objetivo propiciar que en Euskadi se pueda establecer «un salario mínimo propio». «Queremos que el salario mínimo para las trabajadoras y trabajadores vascos se decida aquí y no en Madrid», manifestó Lakuntza.
Así, explicó que a través de esta iniciativa se pretende establecer «una hoja de ruta política para modificar en las Cortes de Madrid el Estatuto de los Trabajadores, de manera que sean las comunidades autónomas las que asuman esta competencia». Esta, según continuó, es una vía prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
El negocio de la precarización
«Lo que proponemos es que se utilice la vía que contempla la legislación; no hay ningún obstáculo jurídico ni legal», afirmó Lakuntza. En este sentido, denunció que el defensor «más encarnizado» de la situación actual es Confebask, dado que «muchas empresas siguen haciendo negocio gracias a la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores».
Lakuntza advirtió que no admitir a trámite esta iniciativa «constituiría una barbaridad, un fraude antidemocrático», ya que la ILP es «el único mecanismo a disposición de la ciudadanía para intervenir directamente en las labores legislativas».
El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, fue el único que intervino en el turno reservado para el debate entre los grupos, ya que el resto de formaciones se limitó a dar a conocer su postura en el turno de explicación de voto. Otxandiano recordó que en 2023, el Parlamento Vasco aprobó una moción «favorable a un SMI propio» para Euskadi, aunque no se han producido «avances» en este ámbito.
Otxandiano añadió que, en este contexto de «bloqueo» y de «veto» por parte de Confebask a un acuerdo interprofesional con los sindicatos que incluya un SMI «propio», resulta «difícil» entender que se rechace la toma en consideración de una ILP «para hacer posible el debate y habilitar el proceso legislativo».
Es muy grave
Otxandiano advirtió que «cerrar la puerta al debate democrático» de una iniciativa popular «es muy grave desde el punto de vista democrático». Este representante de EH Bildu recordó que la Cámara también rechazó recientemente la tramitación de una ILP para garantizar unas pensiones «dignas», considerando que esta forma de actuar es «preocupante» y resta «credibilidad» al sistema democrático. Además, reprochó al PNV su «incongruencia» y «contradicciones» sobre este asunto, sugiriendo que podría deberse a que «no están de acuerdo» en esta cuestión con el PSE-EE, su socio de gobierno.
En el turno de explicación de voto, el parlamentario del PNV, Markel Aranburu, defendió que la vía adecuada para alcanzar el objetivo que persigue esta iniciativa es «la negociación del salario mínimo propio de negociación colectiva en Euskadi».
Por ello, y en referencia a sindicatos y patronal, comentó que «es el tiempo del diálogo social y de la negociación colectiva; sin vetos ni posiciones maximalistas». «No a la imposición y sí al consenso; menos ruido y más rigor en la búsqueda de un objetivo que debe ser común», añadió.
Llamamiento a sindicatos y patronal
Aranburu advirtió a patronal y sindicatos que ahora les «corresponde buscar un acuerdo» en torno a esta cuestión. «Es vuestro turno y vuestra responsabilidad culminar este proceso; dialogad, negociad y acordad», manifestó.
El parlamentario del PSE, Ekain Rico, explicó que su partido «comparte el objetivo de mejorar las condiciones laborales y asegurar salarios dignos para todas las personas trabajadoras», un compromiso que ha demostrado «con hechos» tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno Vasco.
No obstante, afirmó que lo que se plantea en esta ILP «no es una buena idea», ya que «permitir que cada comunidad autónoma pueda determinar la cuantía de su salario mínimo en su territorio, supondría abandonar el mínimo común de protección y abrir la vía a una competencia insolidaria, fomentando diferencias injustas y peligrosas entre trabajadores de distintas zonas de España».
Ayuso y Garamendi
Rico apuntó que el hecho de que la «territorialización» del SMI haya recibido el respaldo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «debería ser una alerta a navegantes de que esto es un mal negocio para los trabajadores y trabajadoras».
Por parte del PP, Álvaro Gotxi afirmó que su grupo «no está de acuerdo con trocear el SMI por territorios». Además, aseguró que un salario mínimo muy «alto» tendría como efecto que «muchos trabajadores quedarían fuera del mercado laboral y, por tanto, a esos trabajadores, la inmensa mayoría claramente, les perjudicaría».
Gotxi también advirtió de que establecer un SMI propio para Euskadi se traduciría en una «pérdida de competitividad» para las empresas del País Vasco. Por ello, manifestó que este es «un debate estéril» planteado «con el único objetivo de tener un SMI diferencial al resto del Estado y romper así el mercado laboral de España».
Una brecha abierta
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, se mostró favorable a «la búsqueda de un salario vasco que pueda elevar los salarios de las y los trabajadores de Euskadi porque el coste de la vida en Euskadi no es el mismo que en otras partes del Estado».
No obstante, discrepó de la fórmula que se plantea en la ILP para alcanzar este objetivo, dado que «deja abierta una brecha a que las comunidades autónomas, al establecer su propio salario mínimo, pudieran fijarlo en una cuantía inferior al del Estado».
Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, afirmó que «por pura coherencia política, no podemos suscribir la pretensión de que el Salario Mínimo Interprofesional en esta región sea diferente al del resto de España».
