Archivo: El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez – DIPUTACIÓN DE ALMERÍA – Archivo
ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por sus presuntas contrataciones irregulares en el marco de la investigación judicial del caso ‘Mascarillas’.
Fuentes de la investigación han confirmado los arrestos llevados a cabo por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que instruye las diligencias. Tanto Giménez como Sánchez ya estaban siendo investigados en el marco de la causa, que trata de dilucidar si se produjeron ‘mordidas’ en la contratación de suministro de material sanitario por parte de la institución provincial durante la fase más aguda de la pandemia, principalmente la adquisición de mascarillas, aunque también guantes y equipos de protección individual (EPI).
Registros en el Palacio Provincial
Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora de este martes, sobre las 08:00 horas, para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores, conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, quien ha solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además, se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día.
La trama busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros, a través de un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020. Dicho contrato se gestionó a pesar de que el coste efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y existen indicios de posibles ‘mordidas’.
En el marco de la investigación judicial, el PSOE solicitó el pasado mes de octubre a la juez instructora que llamase a declarar como testigo al presidente de la Diputación y también presidente del PP almeriense, al considerar que había una «falta de concordancia» entre las declaraciones ofrecidas por testigos y por investigados, con base en las investigaciones policiales.
Caso abierto en junio de 2021
El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio de 2021 cuando la UCO realizó un registro en las dependencias del Área de Fomento, principalmente. En ese momento, el exdiputado provincial Óscar Liria estaba al frente de esta área, siendo arrestado y enviado durante varios meses a prisión preventiva.
Durante aquel registro se entregó el expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica, así como otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L. S., también investigado por su relación con Liria y su papel como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora.
El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas, así como monos de protección y guantes de nitrilo, mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020, por un importe superior a los dos millones de euros, a través de un expediente que se instruyó desde Presidencia. Liria fue quien proporcionó el nombre de Azor a Presidencia para realizar ese contrato.
