El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-A) ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar amparo debido a lo que consideran una indefensión. Esta situación surge a raíz de la actitud del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), quien ha vetado durante más de dos años la celebración de un debate monográfico sobre la sanidad en la Cámara. La portavoz del PSOE-A, María Márquez, expresó que Aguirre sostiene que “no está pasando nada excepcional”, a pesar de la grave situación que atraviesa la sanidad en Andalucía.
Declaraciones de la portavoz del PSOE-A
María Márquez, en la sesión de control al Gobierno andaluz de Juanma Moreno, cuestionó qué más tiene que ocurrir para que el presidente del Parlamento reconozca la excepcionalidad de la situación sanitaria en la comunidad autónoma. Además, destacó que, en la actualidad, no hay consejera de Salud debido a la dimisión de Rocío Hernández, lo que agrava aún más la problemática.
Críticas a la gestión del Parlamento
La portavoz del PSOE-A también criticó a Jesús Aguirre por su decisión de interrumpir una votación en el Pleno para evitar que el presidente de la Junta tuviera que rendir cuentas sobre la gestión del cáncer de mama. Según Márquez, Aguirre “paró una votación ya iniciada” porque el PP-A argumentó no contar con el número suficiente de diputados para continuar la sesión. “Ni él ni nadie nos va a callar”, fue la contundente advertencia de la socialista, quien reafirmó que su grupo llevará la voz de las mujeres andaluzas al TC si es necesario.
La respuesta del presidente de la Junta
En respuesta a las declaraciones de Márquez, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconoció el derecho legítimo del PSOE-A a interponer dicho recurso. Sin embargo, también sugirió que la portavoz recordara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que lleva más de dos años con 37 prórrogas para tres proyectos de ley aprobados por el Senado, los cuales aún no han sido debatidos en el Congreso. Moreno también propuso llevar al TC la falta de Presupuestos Generales del Estado, que se extiende ya por un periodo de dos años.
