MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) – El PSOE de Madrid ha solicitado este lunes medidas urgentes para prevenir el «acoso» frente a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Esta petición surge a raíz de que la Comunidad de Madrid instó a los socialistas a plantear su reclamación ante la Delegación del Gobierno, entidad que tiene las competencias de Seguridad.
Durante una sesión en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, la diputada del PSOE, Lorena Morales, exigió información acerca de las acciones que la administración regional planea implementar para proteger a las usuarias de estas clínicas y evitar que sean «acosadas en el entorno de dichos establecimientos».
Morales criticó la situación en la Comunidad de Madrid, donde se restringe el acceso a la interrupción del embarazo en los hospitales públicos. Indicó que desde el PSOE se demanda «lo mínimo»: que las clínicas acreditadas garanticen un ambiente «digno» para las mujeres que requieren este servicio.
“Es fundamental que las profesionales y las usuarias puedan ejercer su derecho en esos establecimientos sin ser acosadas y sin añadir más dolor a un momento tan delicado”, afirmó Morales.
Adelantándose a la respuesta del Gobierno regional, Morales subrayó que es responsabilidad del propio Ejecutivo garantizar que este servicio se ofrezca «con todas las garantías». Resaltó que la legislación estatal establece que el derecho al aborto debería poder ejercerse «con libertad e intimidad», obligando así a las autonomías a actuar con la “diligencia debida” para proteger los derechos sexuales y reproductivos.
Fue contundente al señalar: “Si el acoso se produjera a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz, no dudo que el primer día acabarían ustedes con esta situación de un plumazo y llamarían corriendo al delegado del Gobierno”, sugiriendo que el Gobierno autonómico no ha tomado las medidas necesarias para controlar conductas ilícitas en estas clínicas.
Por su parte, Almudena Quintana Morgado, directora general Asistencial de la Comunidad de Madrid, defendió que la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que está integrado en el sistema sanitario del Servicio Madrileño de Salud, con «profesionales cualificados y mecanismos de seguimiento y control».
Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad sobre los incidentes en la vía pública, así como la prevención de conductas de acoso en el entorno de los centros de aborto, recae en el ámbito de la seguridad ciudadana, no en el de la sanidad. “Las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen de la Delegación”, recordó.
Quintana insistió en que hay «dos planos distintos que no deben confundirse». Uno es el acceso a la atención sanitaria, que está «garantizado» en el Sermas, y el otro es la regulación y actuación en cuestiones de seguridad pública, que corresponde a otro nivel de administración.
“Si hay una preocupación legítima en cuanto a la seguridad en el entorno de los centros, es la administración competente en esta materia la que debe valorar, diseñar y adoptar las medidas oportunas”, concluyó.
