CARTAGENA (MURCIA), 31 DE OCTUBRE DE 2025
El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la convalidación del Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, impulsado por el Gobierno autonómico. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado en contra, mientras que solo el PP ha emitido su voto a favor, dejando al Ejecutivo regional sin su paquete de medidas para ampliar la oferta de vivienda. La oposición justificó su rechazo por la falta de diálogo, los precios inalcanzables para las familias trabajadoras y los beneficios desmedidos para el sector promotor, que, según coinciden los tres grupos, «sale ganando», mientras «no se ofrece una solución real a los jóvenes ni a quienes no pueden acceder a una casa».
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, defendió el decreto como una respuesta «inaplazable a la emergencia residencial» que atraviesa la región. Instó a los diputados a «formar parte de la solución y no del problema». Aseguró que la norma «nace del diálogo con los agentes del sector» y «aporta soluciones reales» al incluir medidas «innovadoras y de rápido impacto», como la creación de la figura de la vivienda asequible de la Región de Murcia, que sustituye a la tradicional VPO.
García explicó que el decreto simplifica trámites al sustituir las calificaciones por una declaración responsable, incorpora fórmulas de convivencia compartida como el coliving y cohousing, y prevé incentivos urbanísticos: una prima de edificabilidad del 40% en promociones destinadas enteramente a vivienda protegida y del 50% para suelos municipales o con restos arqueológicos. Además, crea un Panel de Impulso Urbanístico para desbloquear trámites administrativos y abre la puerta a nuevas bonificaciones fiscales municipales. «Hoy podían haber dado un ejemplo de servicio público, pero han optado por el bloqueo», lamentó el consejero.
Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega argumentó su voto en contra por «la falta de diálogo y la ausencia de medidas reales para bajar el precio de la vivienda». Ortega destacó que el Ejecutivo regional había rechazado tres condiciones propuestas por los socialistas: que el suelo público siga siendo de titularidad pública, que al menos el 30% de las viviendas asequibles se destinen a alquiler barato y que se dupliquen los fondos del programa Aval Joven. «Ofrecen viviendas de 90 metros cuadrados por 170.000 € y las llaman asequibles. Eso no lo puede pagar ni una familia trabajadora ni un joven con un sueldo medio en esta región», reprochó.
El diputado socialista también añadió que el Gobierno de López Miras «no ha construido una sola vivienda pública en ocho años» y que «traslada competencias a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos». Según él, «este decreto da continuidad a la ley del suelo que ya provocó la mayor crisis económica del país» y «solo beneficia a quienes especulan con el suelo».
Desde Vox, María José Ruiz calificó la propuesta del PP como «una ocurrencia más del bipartidismo» y «una copia del modelo del PSOE». Afirmó que el decreto «no reduce impuestos ni liberaliza suelo», defendiendo que «la única manera de abaratar el precio de la vivienda es liberar el suelo no protegido, bajar la carga fiscal y facilitar los cambios de uso». Además, criticó las referencias al coliving y cohousing, que consideró «ideas propias de economías colectivistas y de la Agenda 2030». «Queremos una España de propietarios, no una España donde se comparta hasta la habitación», subrayó.
El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, justificó el voto negativo de su grupo al afirmar que «el PP no ha negociado previamente el decreto con Vox» y acusó a los populares de «traer a la Cámara textos cerrados sin consenso». «No bajan ni un impuesto y siguen sin construir viviendas reales. Prometen 25.000 y no han hecho ni 200 en ocho años», añadió. Según el líder de Vox, «el PP ha traído a la Cámara un texto cerrado, sin negociar previamente, que repite los errores del bipartidismo».
Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV), calificó la iniciativa como «un ejemplo de publicidad engañosa». Afirmó que el decreto «no crea viviendas asequibles, sino un timo en toda regla», al establecer precios de 1.840 € por metro cuadrado, por encima de la media regional de 1.555 €, y viviendas de 72 metros útiles a 170.000 €. «Ese precio es inalcanzable para el 80% de los murcianos», aseguró.
Marín acusó al Gobierno regional de «trabajar al dictado de la patronal del ladrillo» y de «privatizar el suelo público municipal», al «inventariar 136 parcelas de los ayuntamientos, más de un millón de metros cuadrados públicos, que quieren entregar a los buitres inmobiliarios mediante permutas o subastas». También recordó que «desde 2020 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública en la Región de Murcia». La parlamentaria ofreció la mano al PSOE para elaborar una ley de vivienda alternativa a la de López Miras.
Desde el PP, Joaquín Segado lamentó el rechazo del decreto y acusó a PSOE y Vox de haber «formado una pinza para dañar al Partido Popular y bloquear las soluciones que necesita la Región». Defendió que la norma «ha sido pionera, ambiciosa y fruto del diálogo con ayuntamientos, colegios profesionales, promotores y colectivos sociales», advirtiendo que «con su voto en contra, hoy han dado la espalda a los jóvenes y a la clase media».
