PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) – La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado un auto que reabre la causa contra el exalcalde de Capdepera (Mallorca), Rafael Fernández Mallol, y un jefe de la Policía Local, acusados de acoso laboral y prevaricación administrativa.
La Sala ha mantenido el sobreseimiento acordado respecto al resto de los investigados. Este procedimiento se inició tras una denuncia de un agente de la Policía Local de Capdepera, quien informó al Juzgado sobre una serie de hechos que, a su juicio, constituían coacciones, acoso laboral, trato degradante y prevaricación administrativa por parte de diversos responsables municipales y mandos policiales, después de haberse presentado a un concurso para obtener una plaza de funcionario de carrera.
Según el denunciante, desde el año 2018, habría sido sometido a una dinámica continuada de presiones, rumores, decisiones administrativas perjudiciales y actuaciones interpretadas como una persecución personal y profesional, ocasionando graves consecuencias para su salud psicológica y su carrera.
De acuerdo con la resolución, el denunciado fue declarado apto por el tribunal calificador en el proceso selectivo para la obtención de la plaza de funcionario de carrera como Policía del Ayuntamiento de Capdepera. Existen indicios de persecución, abuso de poder y extralimitación con la «intencionada finalidad de frustrar su carrera profesional», así como un trato claramente discriminatorio respecto a los demás aspirantes que superaron el mismo proceso.
Los magistrados han indicado que se puede valorar la posible existencia de una conducta constitutiva de acoso organizativo penalmente relevante, o al menos no puede descartarse de forma absoluta. Además, señalan que «carece de lógica que si se le considera no apto para ser nombrado policía de carrera, se le permita, a pesar de ello, seguir desempeñando las mismas funciones como interino».
Por otro lado, se ha constatado un interés directo del alcalde en este expediente y en actuar contra el denunciante. Este habría sido responsable de hacer públicas directrices supuestamente emitidas por él mismo, donde se estipulaba que el abono de horas extraordinarias dependería del número de sanciones de tráfico impuestas, sin que este criterio quedara registrado, lo cual refuerza las sospechas sobre su ilegalidad.
Asimismo, se destaca que el traslado del agente a un edificio en Cala Ratjada, donde se localizan el registro municipal, servicios sociales y la biblioteca, no respondía a una necesidad organizativa objetiva, sino que comportó «una degradación funcional y un castigo encubierto».
En definitiva, para la Sala concurren situaciones y circunstancias que permiten sostener, como indicio adicional, la existencia de una presumible conducta de abuso de poder y de acoso laboral contra el recurrente, así como un trato degradante orientado a su humillación.
Según el dictamen, el Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor deberá pronunciarsi sobre la pertinencia y admisión de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación con plena libertad de criterio. Contra la resolución no cabe recurso.
