SEVILLA, 15 de enero. (EUROPA PRESS) – La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha instado este jueves a «materializar» y «dotar de contenido» las figuras de coordinación de bienestar en los centros escolares. Este llamado tiene como objetivo fortalecer los protocolos de prevención y actuación frente al acoso escolar, especialmente en el contexto de casos como el de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó en octubre tras sufrir acoso escolar. En detalle, ha subrayado la importancia de «velar por los menores en las comunidades autónomas» y en otros ámbitos de actuación del Estado, exigiendo un alto nivel de responsabilidad colectiva.
Necesidades y protocolos en los centros educativos
Rego destacó que «hay algunas herramientas útiles que deben ser aplicadas». Por ejemplo, hizo énfasis en las figuras de coordinación de bienestar en los centros escolares, mencionando que «tienen que ser una realidad» y «dotarse de contenido» porque «la ley ya lo recoge». Añadió que «los protocolos tienen que funcionar en los centros», expresión de la necesaria eficacia en la implementación de normas para combatir el acoso escolar.
En esta línea, la ministra mencionó una «cadena de responsabilidad» que debe actuar para proteger a los menores en las comunidades autónomas y en distintos ámbitos de competencia del Estado. Rego hizo hincapié en que, a nivel colectivo, «debemos ser exigentes, muy exigentes» en lo relacionado con el acoso escolar.
Líneas de actuación desde el Gobierno
Rego aprovechó la ocasión para expresar su «solidaridad y cariño» a las familias afectadas por el acoso escolar, y enmarcó que desde el Gobierno central se están llevando a cabo varias líneas de actuación fundamentales. En primer lugar, anunció que se está ampliando la Ley de Protección de la Infancia Frente a la Violencia (Lopivi). Esta modificación, según la responsable, ya está redactada y se encuentra en la fase final de negociación con el área de Justicia del Gobierno, esperando presentarse pronto al Consejo de Ministros. Aseguró que se «ampliará y protegerá a los niños, también frente a la violencia en el entorno escolar».
Además, Rego se refirió a los entornos digitales como espacios «perjudiciales» que impactan «de manera negativa» en los casos de acoso. Mencionó la normativa que se está elaborando para regular el ‘sharenting’, la práctica de los padres que comparten en redes sociales información o vídeos de sus hijos, destacando que esta regulación es «fundamental». En su opinión, existe un problema colectivo en torno a los entornos digitales que «han venido para quedarse, pero no se garantizan los derechos de los niños».
«Estamos trabajando en otra ley más, que tiene que ver con la exposición y la sobreexposición de niños en redes sociales», añadió, reconociendo que esto es uno de los factores que facilita situaciones de acoso complicadas y dolorosas para muchos menores. Además, se refirió a la posibilidad de establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales, afirmando que la ley en tramitación establece los 16 años como edad mínima, requiriendo un consentimiento específico para poder acceder.
Consenso y futuro legislativo
Respecto a la normativa, Rego expresó su confianza en el consenso que está generando entre las diferentes fuerzas políticas. «Ya estamos en la fase en la que se han planteado las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Muchas de ellas son muy positivas y mejoran la ley», concluyó Rego, al mismo tiempo que destacó que esta normativa está destinada a «poner límites a las plataformas, regular el entorno digital, plantear cambios en el Código Penal para determinados delitos y garantizar los derechos y libertades de niños y niñas en el entorno digital». Con esto, la ministra considera que se está alcanzando un punto de inflexión significativo en la protección de los menores.
