PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) – La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha inmovilizado una partida de minicalabacines procedentes de Sudáfrica durante una inspección a un mayorista de distribución de frutas y hortalizas. Esta acción se tomó por la falta de información esencial, ya que no presentaban el número de lote ni indicaban la fecha de caducidad o de consumo preferente.
Obligación de Trazabilidad Alimentaria
Esta información se considera «obligatoria» para garantizar la correcta trazabilidad de los alimentos y la seguridad en la comercialización, tal como ha informado la Conselleria en un comunicado.
Control Periódico de Productos Agrarios
El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, destacó que los controles periódicos tienen como objetivo verificar que todos los productos agroalimentarios comercializados en Baleares cumplen con la normativa vigente, especialmente aquellos procedentes de países terceros.
Reforzar la Vigilancia sobre Productos Importados
Llabrés subrayó que estas acciones también responden a la demanda del sector de «reforzar la vigilancia» sobre los productos importados, con el fin de asegurar que cumplen con todos los requisitos comunitarios, evitando así posibles situaciones de competencia desleal.
Compromiso con la Seguridad Alimentaria
Estos controles son parte de las actuaciones de inspección que la Conselleria realiza durante todo el año para proteger los intereses legítimos del sector agroalimentario y de los consumidores, asegurando así el cumplimiento de la normativa relativa a calidad alimentaria y etiquetado.
Normativa sobre Trazabilidad
Es importante recordar que la normativa vigente establece la obligación de que los alimentos comercializados incluyan la información necesaria para garantizar su trazabilidad, como el número de lote y otras indicaciones obligatorias relacionadas con el consumidor, como las fechas de caducidad o de consumo preferente.
Consecuencias del Incumplimiento
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores. En el caso de infracciones graves, las sanciones pueden oscilar entre los 3.000 y 15.000 euros, o incluso hasta cinco veces el valor del producto.
