La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha defendido la aplicación de una justicia que, «al mismo tiempo que exige responsabilidad y cumplimiento de la ley, abre caminos hacia la reintegración en la sociedad», y ha recordado que esto es algo que recoge la propia Constitución. En un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz con motivo de La Merced, festividad de los y las funcionarias de los centros penitenciarios, San José ha destacado que «la finalidad de las penas privativas de libertad no es otra que la reinserción social».
Durante la jornada, ha subrayado que los centros penitenciarios no deben ser considerados como lugares de castigo, sino como espacios de transición hacia nuevas oportunidades. San José ha manifestado que «no hablamos de indulgencia, sino de justicia; de una justicia que, al mismo tiempo que exige responsabilidad y cumplimiento de la ley, abre caminos hacia la reintegración en la sociedad». Además, ha advertido que la finalidad de las penas privativas de libertad «obliga a las administraciones», interpela a la sociedad y compromete al Gobierno.
La consejera ha rechazado que este mensaje implique «olvidar a las víctimas», quienes «son y seguirán siendo siempre nuestra referencia ética». Ha insistido en que cada política pública y decisión adoptada «debe ser explicada con sensibilidad» hacia este colectivo así como hacia su derecho a la verdad, la memoria y la reparación.
CONVIVENCIA
San José también ha resaltado la responsabilidad de las administraciones de preparar a quienes cumplen condena para su retorno a la sociedad, equipándolos con herramientas reales de integración. Esto incluye el acceso a la educación, la formación laboral, la salud, la cultura y el empleo. La consejera ha afirmado que «esto es la mejor garantía de que no reincidan, y también la mejor contribución que podemos ofrecer en favor de la convivencia».
En su discurso, ha dedicado un especial recuerdo a los profesionales de los centros penitenciarios, quienes han sido víctimas de la violencia terrorista por su trabajo. Destacó a funcionarios y funcionarias que sufrieron acoso, amenaza y asesinato a manos de ETA, como Francisco Javier Gómez Elósegui y otros. «Ellos son testimonio de dignidad y de compromiso, y su memoria sigue viva en este Día de la Merced», afirmó San José.
PREMIO ‘FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ELÓSEGUI’
Durante el acto, la consejera entregó el premio ‘Francisco Javier Gómez Elósegui’, que se concede a personas y colectivos por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la reinserción y la resocialización en el ámbito penitenciario. Este año, el reconocimiento ha recaído en la Comisión Ciudadana Antisida de Álava.
San José subrayó la importancia de las entidades del tercer sector, afirmando que sin ellas, «el modelo penitenciario vasco sería inconcebible». Agradeció el trabajo de estas entidades, que aportan cercanía, humanidad y apoyo, en especial la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, que desde hace más de 30 años promueve la prevención, la información y la inclusión social para las personas afectadas por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Finalmente, la consejera ha enfatizado que el compromiso de esta asociación también se extiende al ámbito penitenciario, donde su acompañamiento y programas han sido esenciales para garantizar derechos, mejorar la salud y generar conciencia, haciendo un llamado a la colaboración y experiencia de asociaciones como Sidalava para construir un modelo penitenciario integral.
