TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) – El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray Chacón, han firmado un protocolo general de colaboración para establecer los mecanismos de coordinación y actuación adecuados para la atención a personas con enfermedad mental en proceso o riesgo de judicialización.
Objetivos del Protocolo de Colaboración
El objetivo principal es formalizar la colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para establecer mecanismos de actuación suficientes y adecuados para la atención de personas con enfermedad mental que hayan entrado en contacto con el sistema judicial y/o penal por haber cometido un delito, o que estén en riesgo de cometerlo.
Desde el año 2013, ambas instituciones han estado coordinando esfuerzos a través de las Comisiones de Análisis de Casos, que son estructuras estables de coordinación que integran a profesionales y responsables del ámbito judicial, de la administración social y sanitaria, de instituciones penitenciarias y de asociaciones de pacientes.
Funcionamiento de las Comisiones de Análisis
Estas comisiones funcionan analizando casos y situaciones específicas, compartiendo información, buscando estrategias para la intervención, realizando seguimientos y resolviendo los casos cuando es posible, además de detectar carencias en la red, como ha informado la Junta en una nota de prensa.
Mejorar la Comunicación
Otro de los objetivos es facilitar la comunicación entre las dos administraciones. Esto se logrará mediante el intercambio de información y recursos, buscando un mejor aprovechamiento de estos en favor de las personas con enfermedades mentales y/o discapacidad intelectual y/o adicciones.
Integración Social y Prevención
Asimismo, se pretende realizar un trabajo coordinado que mejore las oportunidades de integración social de aquellas personas judicializadas por trastornos mentales, discapacidades intelectuales o adicciones. Se apoyarán las estrategias de prevención que puedan implementar las CACS para minimizar, a través de la detección temprana y la adecuada adaptación de programas de tratamiento o recursos asistenciales, el riesgo de judicialización de las personas con problemas de salud mental.
Protocolos Conjuntos de Actuación
El protocolo también conlleva la elaboración de protocolos conjuntos, destacando especialmente aquel orientado a mejorar la inserción social de las personas con enfermedad mental que finalizan el cumplimiento de sus condenas, favoreciendo su seguimiento en el medio comunitario.
Difusión para Mayor Efectividad
Por último, se espera difundir la existencia de las Comisiones entre los profesionales de las administraciones implicadas, para incrementar el número de casos evaluados. Esto permitirá, mediante la puesta en común de los casos más complejos, elaborar protocolos generales de actuación para casos tipo y facilitar el acceso a instrumentos y herramientas que permitan ofrecer una atención integral.
