TOLEDO, 28 de octubre. (EUROPA PRESS) – Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han convocado a la ciudadanía de Castilla-La Mancha a salir a las calles este jueves, 30 de octubre, en defensa de las condiciones laborales de los empleados públicos. Esta movilización surge ante el «desprecio» que, según estos sindicatos, sufren por parte del Gobierno central, afectando a más de 130.000 trabajadores en la región.
La movilización fue anunciada este martes en rueda de prensa por la coordinadora del Área Pública de CCOO en Castilla-La Mancha, Carmen Juste; la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy; y la secretaria general de Acción Sindical de CSIF, Marisa García.
Las movilizaciones están programadas para las 12:00 horas en las cinco capitales de provincia frente a las subdelegaciones del Gobierno. Los sindicatos no descartan que las protestas puedan culminar en una huelga el próximo mes de diciembre. «Instamos a los empleados públicos, a todos los trabajadores y a la ciudadanía a participar, porque lo que está en juego es la calidad del servicio público que se presta. Es necesario defender el Estado del Bienestar», afirmaron los representantes sindicales.
Critican al Ministerio de Administraciones Públicas por un «importante deterioro de los servicios públicos». Esto se debe a la «falta de personal y el envejecimiento de las plantillas», así como a la desmotivación provocada por las condiciones laborales, aumentadas por la falta de negociación del Gobierno central.
Desde principios de octubre, se contabilizan 86,8 millones de euros que el Estado debe a los empleados públicos de Castilla-La Mancha «por falta de un acuerdo salarial para 2025». Además, desde 2012, se han perdido cerca de 3.000 puestos de trabajo de funcionarios y laborales en la Administración autonómica.
Subidas salariales
Juste comentó que el Ministerio debería haber iniciado las negociaciones para la subida salarial de los empleados públicos a nivel nacional en 2025, lo cual afecta de manera indirecta a las comunidades autónomas y administraciones locales. En comparación con el sector privado, donde se prevén subidas del 3,5 al 4% entre 2026 y 2028, los sindicatos exigen que los empleados públicos también reciban incrementos similares, ya que han experimentado «una importante pérdida del poder adquisitivo en los últimos 20 años».
En Castilla-La Mancha, más de 6.000 trabajadores dependen de la Administración General del Estado, aproximadamente 1.800 de la justicia, más de 90.000 del sector autonómico y más de 31.000 de la administración local. En 2022, el Ministerio de Administraciones Públicas alcanzó un acuerdo que aún no ha sido cumplido, para la creación del Grupo B, que implica la actualización de los cuerpos y escalas en las administraciones públicas.
«Como un elefante enfermo»
Carmen Campoy destacó la importancia de que el Gobierno convoque a las mesas de negociación para abordar esta subida salarial, reclamando también «empleo público suficiente» y la eliminación de la tasa de reposición, que «mantiene una situación de temporalidad insostenible».
La representante de UGT también criticó el acceso al empleo público, considerándolo «anacrónico» y «un lastre». «Entrar hoy en la administración pública es como mover un elefante enfermo», lamentó Campoy, quien además señaló que la digitalización no se está aplicando correctamente y que se desconoce qué perfiles se requieren para modernizar una administración adaptada al siglo XXI. También reprocha el incremento en la externalización de servicios, que consume «el 24,5% del gasto público, equivalente al 11% del Producto Interior Bruto (PIB)».
«Ya está bien de maltratar»
Por su parte, Marisa García, representante de CSIF, denunció el «maltrato» sufrido por los empleados públicos por parte de la Administración central, recordando que su labor es reconocida solo en situaciones de crisis, como la pandemia o problemas climáticos. «Es inadmisible y contradictorio que el Gobierno exija mejoras y medidas para los empleados de la empresa privada, pero no haga lo mismo con sus propios trabajadores», enfatizó.
García exigió al Gobierno que «deje atrás su soberbia y se siente a negociar de una vez por todas». De los 131.000 trabajadores públicos en Castilla-La Mancha, han perdido más del 20% de su poder adquisitivo desde 2010, en medio de una comunidad que ha enfrentado «la famosa tasa Cospedal» y una inflación disparada, incluso en los años 2021 y 2022, con la más alta de España, concluyó García.
