SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) – Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, junto con la Junta de Andalucía, han alcanzado este jueves un preacuerdo que será ratificado este viernes en la Mesa General de Negociación Común. Este acuerdo busca la mejora del empleo público y la prestación de servicios «de calidad» en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía. Se beneficiará a más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz, incluyendo personal funcionario, laboral, de justicia y del personal que trabaja en el sector público instrumental.
Detalles del Preacuerdo
El preacuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y marca las bases de un acuerdo con un horizonte temporal de cinco años, consolidando los procesos de modernización y mejora del sector público andaluz. Se estructura en cuatro ejes fundamentales, tal como ha destacado el propio Ejecutivo andaluz en un comunicado.
Este «avance» ha sido posible gracias a la «presión sindical ejercida» por las tres organizaciones en las últimas semanas, tras el anuncio de movilizaciones por la «paralización» del proceso y la falta de un informe económico favorable sobre las cuantías negociadas durante meses, según afirmaron los tres sindicatos en un comunicado de prensa conjunto.
Agradecimientos y Compromiso
En declaraciones a los medios en Cádiz, el consejero de Justicia, Función Local y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, agradeció a todas las partes la «negociación discreta y leal» y el «compromiso e implicación» en la modernización de la Administración. Nieto calificó el acuerdo de «histórico» por representar un «salto de calidad».
Recuperación del Diálogo
El acuerdo permitirá, según las palabras de las tres organizaciones sindicales, «recuperar el diálogo y la senda negociadora» y garantizar la continuidad de los compromisos en materia retributiva y de mejora de las condiciones laborales, beneficiando al conjunto del personal público andaluz. CSIF, UGT y CCOO han subrayado que el preacuerdo es el resultado de una «posición responsable pero firme», exigiendo a la Administración «mantener los compromisos esenciales» alcanzados durante las negociaciones sin aceptar desviaciones respecto al marco pactado.
Transformación de la Administración
Este preacuerdo supondrá una «transformación» de la Administración autonómica, mediante la simplificación de procedimientos y la digitalización de servicios. Además, tendrá como pilar fundamental la mejora del empleo público, condición indispensable para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía. Se establecerá un modelo basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la formación continua y la estabilidad, junto con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos afectados por este acuerdo.
Promoción Profesional y Optimización de Recursos
El impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de ciertos puestos de trabajo, a través de una gestión planificada de vacantes, es otro de los puntos destacados en el preacuerdo. Esta medida pretende anticiparse a las necesidades «futuras y reales» de la Administración, optimizando los recursos humanos disponibles y corrigiendo los desequilibrios funcionales y territoriales existentes.
Asimismo, la adecuación de los recursos humanos a los centros de trabajo garantizará el mantenimiento de las plantillas actuales, evitando la externalización de funciones propias, una situación que también se presenta en el área de prevención de riesgos laborales. De este modo, la Administración se orientará hacia un modelo de prevención integral, a excepción del Servicio Andaluz de Salud, que contará con un servicio propio y recursos disponibles.
Desarrollo Normativo y Eficiencia Organizativa
Otra de las acciones consensuadas será impulsar el desarrollo normativo necesario para regular la cobertura de puestos de responsabilidad en la Administración General. Se establecerán criterios «claros» de selección y evaluación, avanzando hacia procedimientos «objetivos y transparentes», potenciando el sistema de concursos específicos para los puestos de libre designación.
De igual forma, el pacto incluye una reconfiguración organizativa para contar con estructuras «ágiles y eficientes», implementando modelos «multidisciplinares y adaptativos» mediante la gestión por proyectos y la optimización de recursos, eliminando duplicidades y consolidando servicios comunes.
Recuperación de Ayudas Sociales
La finalización de la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral antes del 31 de diciembre de 2025 es otro de los puntos acordados. Además, se establece un compromiso institucional para impulsar la formación continua como eje estratégico de la modernización de una Administración más ágil e inclusiva, con especial enfoque en áreas como la administración electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el análisis de datos.
Por último, con este preacuerdo, se iniciará en 2026 la recuperación del derecho a las ayudas de acción social para los empleados públicos andaluces, que habían sido suspendidas en 2012 y que «privaban» al personal de la Administración de prestaciones para una mejor conciliación familiar y laboral, así como para el apoyo en el cuidado de hijos y ascendientes a cargo u otras necesidades de carácter sociosanitario.
