Piden expedientar a dos responsables de Educación por los errores en la adjudicación de plazas de interinos
PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) – El Sindicat Indepenten, Autònom i Unitari (SIUA) ha solicitado formalmente al Govern que abra expedientes disciplinarios a dos responsables de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados debido a errores en la adjudicación de plazas de docentes interinos. La solicitud fue registrada recientemente ante la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.
Conductas que podrían ser constitutivas de faltas
Desde SIUA se sostiene que los jefes de Personal Docente y de sus servicios jurídicos han incurrido en conductas que, conforme a la legislación vigente, podrían ser consideradas como faltas muy graves. Estas conductas incluyen:
- Discriminación entre personas.
- Incumplimiento de funciones esenciales.
- Vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Mantenimiento de acuerdos contrarios a la normativa.
- Ejecución de prácticas de «represalia y obstaculización sindical».
Prácticas estructurales que deterioran la calidad educativa
El sindicato ha aclarado que lo que ocurre no es un «caso aislado», sino que es parte de una «práctica estructural» con el fin de castigar al colectivo docente y perjudicar la calidad educativa. Consideran que el apoyo de la ciudadanía ha sido «incontestable», ya que un manifiesto público para exigir responsabilidades técnicas y políticas, junto con una auditoría externa e independiente sobre las adjudicaciones, ha recolectado más de 600 firmas.
Demandas de responsabilidades políticas
El sindicato ha enfatizado que las responsabilidades no solo deben ser técnicas, sino también políticas, subrayando que no ha habido dimisiones ni ceses de ningún cargo político y que tampoco se ha iniciado ninguna auditoría, lo que consideran fundamental.
Apertura de expedientes y suspensión cautelar
SIUA, que reitera su compromiso con los trabajadores, se ha mostrado dispuesto a apoyar la apertura de expedientes en caso de ser necesario, incluso contra sindicalistas. «La justicia tendrá la última palabra», declararon. También demandan la suspensión cautelar de empleo y sueldo para los implicados y que sean sustituidos por otros que garanticen la imparcialidad y la continuidad del servicio público en condiciones de normalidad. Asimismo, proponen que estos responsables sean apartados de cualquier cuestión relacionada con su sindicato para evitar conflictos de intereses o trato discriminatorio.
