LEÓN, 18 sep. (EUROPA PRESS) – Siete plataformas ecologistas han formalizado ayer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus presuntos vínculos con un grupo empresarial que promueve un «polémico» macrovertedero de residuos en San Justo de la Vega, León.
Entre las entidades denunciantes se encuentran asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso y Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible. Estas organizaciones han documentado diversas «irregularidades» que consideran constitutivas de delito.
La mercantil Valorización Verde S.A. es la empresa beneficiada por este «proyecto de interés regional» en Castilla y León, que conlleva la declaración de utilidad pública y «diversas ventajas» para la empresa, como el acortamiento de plazos y la reducción de exigencias y formalidades, «prescindiendo de trámites que son de obligado cumplimiento para otros proyectos», según informó en un comunicado la Plataforma Gestión de Residuos.
Respecto a Valorización Verde, se ha señalado que su accionariado estaba supuestamente controlado por la empresa Asturiana de Laminados S.A. (ASLA), en la que el hijo de Suárez-Quiñones «ostenta o ha ostentado cargos de alta dirección», de acuerdo con documentos oficiales de la propia empresa. «A pesar de ello, el consejero no se abstuvo y concedió los permisos y la declaración de interés regional», han añadido.
Confusión entre intereses
Las entidades denunciantes han manifestado un «claro choque de intereses», sugiriendo que el consejero pudo haber dispensado un «trato de favor» mediante la concesión de autorizaciones firmadas por él. «En muchas decisiones políticas de Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos y privados», han advertido. Aseguran que los hechos «demuestran que representa un peligro para el medio ambiente» que el consejero continúe ocupando un cargo de responsabilidad. Esta afirmación, han sostenido, «se ha evidenciado con la desorganización, desaparición y desgobierno durante la respuesta a los incendios a su cargo el pasado mes de agosto».
Adicionalmente, las plataformas ecologistas han comunicado a la Fiscalía Anticorrupción otros hechos en los que podría estar implicado el consejero en el Parque Natural de Babia y Luna (León), lo que «vulneraría» lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y sería constitutivo de delito.
En este contexto, las entidades ambientales han hecho un llamado a «derribar el muro de la impunidad» en el que, según afirman, se encuentran instaladas las políticas ambientales de la Junta. También han instado a una fiscalización colectiva de la actuación de la administración. Por último, han expresado su esperanza en que la Fiscalía Anticorrupción «pueda llegar al fondo del asunto».
