HUESCA, 6 de febrero (EUROPA PRESS) – La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha exigido la reforma de la ley penal del menor tras el motín ocurrido el pasado jueves en el centro de reforma de Juslibol (Zaragoza), que dejó varios heridos, incluidos nueve policías nacionales. El Departamento ha iniciado una investigación al respecto.
La consejera afirmó: «Ayer la prioridad era paralizar el motín y la situación que había dentro del centro, atender a las personas que estaban heridas, proteger a los menores que no habían intervenido en ningún tipo de altercado y, a partir de ahora, será cuando se va a investigar exactamente qué es lo que dio lugar a esa situación de violencia».
En declaraciones a los medios de comunicación, Carmen Susín destacó que todos los internos del centro están condenados mediante una sentencia judicial por haber cometido un delito. «No solo hay menores, hay también mayores de edad, porque la ley penal del menor establece que si alguien ha delinquido como menor, mientras cumpla su sentencia, tendrá que permanecer en un centro de reforma y, por lo tanto, de menores».
El motín, según Susín, parece haber sido «un altercado entre bandas latinas», a las que pertenecen «muchos internos». El Departamento ha señalado que investigará las razones exactas que llevaron a la violencia.
“Estamos ante menores violentos, muy conflictivos, para los que esta ley ya no sirve. Ni la Policía, ni los jueces, ni los fiscales ni las comunidades autónomas tenemos herramientas”, continuó Susín, quien recordó que los Gobiernos autonómicos se dedican a la protección «y no a este tipo de menores».
La consejera también ha pedido a la ministra de Infancia, Sira Rego, que «deje de interferir en la libertad de los padres respecto a la educación de sus hijos» y que lleve la reforma de la ley penal del menor al Congreso de los Diputados, afirmando que «eso es lo urgente; estamos ante un cambio social, un cambio en el perfil de los menores».
Susín advirtió que «nos estamos encontrando con menores muy violentos y muy agresivos, que creen que son impunes ante absolutamente todo, que son llevados a una comisaría y a las dos horas son devueltos a los centros, porque la ley no da herramientas ni a la policía, ni a jueces, ni a fiscales para poder intervenir con estos menores y, por lo tanto, piensan que esto les sale gratis».
Contrato «Bien Dotado»
Por otra parte, Susín negó que la dotación económica del centro de reforma de Juslibol sea insuficiente, indicando que «el nuevo contrato sale bien dotado» y que este centro «tiene otro tipo de problemas, tanto de proyecto educativo como de organización interna que se va a afrontar en el nuevo pliego».
Todas las empresas encargadas de la gestión del centro han manifestado que «hace falta una reforma de la estructura y la organización» y que «no es una cuestión de medios».
Además, la consejera resaltó que «el Gobierno de Aragón no ha dejado de poner medios, de incrementar la seguridad, de contratar personal y de abrir nuevos centros ante las necesidades que han surgido con el traslado de nuevos menores». Sin embargo, indicó que «nos estamos encontrando con situaciones en las que hay que mover a menores conflictivos de centro a centro, afectando a otros menores que sí están por la integración, que sí están por trabajar, por formarse y por integrarse en nuestra sociedad, quienes se ven gravemente afectados y hacia los que no tenemos ningún tipo de herramientas».
