Madrid, 14 de julio – El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que «esta época se estudiará» como «aquella en que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales» para «derribar a un Gobierno». Esto se expresó justo después de conocerse la sentencia contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido inhabilitado durante 9 años para ocupar un empleo o cargo público debido al delito de prevaricación.
A través de un mensaje en la red social ‘X’, Puente ha subrayado que esta situación refleja la «incapacidad» de cambiar el Gobierno «por las urnas», tras la publicación del fallo que también condenó al expresidente del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.
El Contexto de la Sentencia
Según Puente, «esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas».
Condenas a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo
La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz califica a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. En particular, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado a penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 9 años, por ser responsable de dos delitos de prevaricación administrativa.
Detalles de la Sentencia
En el fallo judicial, el juez menciona que «son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten deducir que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo «ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz» para la creación de la plaza que luego se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.
Además, la sentencia especifica que los 11 acusados actuaron «en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción», para llevar a cabo «actos arbitrarios» con el fin de «favorecer» a David Sánchez Pérez-Castejón. Esta «arbitrariedad» se reflejó en la creación urgente de una plaza de empleo público para coordinador de actividades de los conservatorios, que el juez califica de «innecesaria y vacía de contenido», privilegiando el «interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general».
