El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha puesto en tela de juicio la efectividad de la comisión de investigación de las renovables en Aragón, argumentando que esta fue diseñada por el Partido Popular para socavar la política del gobierno de Javier Lambán durante la campaña electoral. En una rueda de prensa, los representantes de la organización, Manolo Gimeno y Jesús Villamón, denunciaron que esta acción fue un «complot» que pretendía «fingir una voluntad de cambio» mientras mantenía al PP como cómplice de una estrategia intrincada con el PSOE y el PAR.
Gimeno y Villamón criticaron cómo el PP ha acelerado la implantación de grandes proyectos de energías renovables sin cuestionar los planes de Forestalia y las eléctricas, que indicaron, han «secuestrado» las políticas públicas de Aragón. Resaltaron que hay un vínculo evidente entre el PP y el PSOE en torno a grandes proyectos de renovables, que se cristalizó en la ley de energía, dificultando la transparencia y el control parlamentario sobre la acción del gobierno.
Además, argumentaron que el procedimiento adoptado para la comisión de investigación estaba destinado al fracaso, sugiriendo que se diseñó de tal manera que no se encontrarían indicios de desencuentros serios por parte del Gobierno de Aragón. A pesar de que hay testimonios que indican un trato preferencial a ciertas empresas y otras irregularidades, los resultados de la comisión fueron generalizados para no causar conflictos reales.
Factores Institucionales y Críticos
Los representantes expusieron que los factores institucionales jugaron un papel crítico en la limitación de las conclusiones, que debían salir por unanimidad, lo que resultó en afirmaciones vagas y un veto a preguntas más incisivas. Asimismo, la elección de los comparecientes se limitó a un número reducido de sesiones, dictado por la mayoría, lo que restringía los interrogatorios.
Gimeno también comentó que el formato por el cual se desarrollaron las comparecencias era inadecuado, ya que, tras cada exposición, los grupos solo podían intervenir una vez y no existía posibilidad de repreguntar, limitando el tiempo de intervención a entre 3 y 5 minutos. Esto, sostuvieron, desvirtuó el propósito de la comisión.
Boicot Activo y Falta de Transparencia
Gimeno criticó lo que considera un «boicot activo» de las instituciones implicadas, señalando que desde los grandes partidos se diseñó el funcionamiento de la comisión para que «naciera muerta». Acusó también al diputado del PAR, Alberto Izquierdo, de ser un «elemento disruptivo» en la comisión, despreciando a los comparecientes y alterando el desarrollo de las sesiones.
Desde Teruel Existe, alegaron que la «opacidad» de la comisión fue evidente, ya que no se permitió la transmisión de las sesiones en streaming y las grabaciones no fueron accesibles al público. Durante la primera sesión, incluso se prohibió el acceso a los periodistas, lo que generó un pequeño escándalo en las Cortes.
Finalmente, los representantes de Teruel Existe subrayaron la ausencia de confrontación real en las declaraciones, ya que algunas declaraciones clave se presentaron por escrito, bajo alegaciones de salud, impidiendo el cuestionamiento directo de sus afirmaciones. Mencionaron específicamente a Arturo Aliaga, exvicepresidente del Gobierno de Aragón, y a Jesús Lobera, director del INAGA durante el periodo en cuestión, como individuos clave cuya falta de comparecencia ha dejado un vacío en la investigación.
