El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha exigido una moratoria en todos los expedientes de proyectos de renovables tramitados por Forestalia, tras los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus sedes de Madrid y Zaragoza, además del registro en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En una rueda de prensa, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, miembros del grupo de Energía y Medio Ambiente, expresaron su confianza en la Justicia y reiteraron la denuncia sobre la «especulación» que sufren los pueblos de Aragón debido a proyectos de gran impacto, afirmando que llevan más de cuatro años alertando sobre irregularidades y presuntos delitos ambientales relacionados con la implantación de energías renovables en la región.
Uno de los proyectos de Forestalia que ha generado controversia es el Clúster Maestrazgo, considerado el proyecto eólico más grande de España. Este proyecto fue aprobado finalmente por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, a pesar de un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana y de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón, el cual advertía que la ubicación seleccionada era inadecuada debido a su alta sensibilidad ambiental.
Denuncias de Irregularidades
El grupo Teruel Existe considera que esta situación es «tremendamente sospechosa», ya que el informe que llegó a Madrid fue elaborado por el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, quien modificó un informe previo que era «muy crítico» y que nunca se hizo público.
Además, es «inaudito» que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) emitiera una Declaración de Impacto Ambiental favorable, con 85 molinos en RED Natura 2000 y 94 en áreas de sensibilidad ambiental máxima, además de minimizar la tala y ocupación de miles de hectáreas de bosques.
Bajo el cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR, el Inaga elaboró informes favorables sobre «cientos de instalaciones», incluyendo las grandes líneas de transporte que Forestalia pretendía tramitar para exportar energía a comunidades como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, aunque solo Red Eléctrica Española puede llevar a cabo este tipo de líneas. Muchas de estas líneas han sido desestimadas por los gobiernos regionales.
Asimismo, «la Autorización administrativa previa y de construcción del Clúster del Maestrazgo requirió del Acuerdo del Consejo de Ministros, en contra del informe desfavorable de la Generalitat Valenciana y varios Ayuntamientos», lo que se considera un hecho inaudito en el país y una «decisión puramente política» o «político-empresarial».
Consenso y Protesta Ambiental
Desde Teruel Existe, se ha destacado que el Clúster Maestrazgo es «el único proyecto en España que ha generado un consenso total entre grandes organizaciones ambientalistas», debido a la destrucción que implicará en uno de los lugares de mayor valor ambiental y cultural de Europa. Este clúster es copropiedad de Forestalia con CIP, un fondo de inversiones danés que, según los miembros de Teruel Existe, está «empecinado» en llevar a cabo este proyecto pese a la oposición y protestas.
“CIP está gestionando el mayor atentado medioambiental que se puede producir en Europa, bajo la mirada de la justicia y la sombra de la corrupción”, alertó Romeo, quien también mostró su satisfacción por la investigación por parte de la Justicia de estas «actuaciones presuntamente delictivas».
Otras Irregularidades en el Proceso
El movimiento ciudadano ha señalado irregularidades adicionales, como la fragmentación de proyectos, la falta de consideración de impactos ambientales acumulativos y la imposición de informes en contra de los criterios de técnicos. También se ha denunciado el incumplimiento de la legislación ambiental y otras leyes relevantes.
Villamón mencionó la presentación de 330 alegaciones a macroproyectos eólicos y fotovoltaicos que se consideraron irregularmente tramitados, junto a más de cien denuncias por presuntos delitos ambientales y más de 50 recursos de alzada a proyectos.
“Todos estos procedimientos y acciones judiciales han sido dirigidos hacia el Inaga y la Dirección General de Energía y Minas en Aragón, y al MITECO a nivel estatal, por aprobaciones con irregularidades”, afirmó Villamón, quien subrayó que muchas de estas denuncias están actualmente en proceso de investigación por parte de juzgados y cuerpos policiales, incluida la UCO.
Finalmente, Villamón reiteró que el fundamento de Teruel Existe radica en la mejora de servicios e infraestructuras en la provincia, y expresó su convicción de que no se han opuesto “a ningún proyecto que genere empleo y desarrollo”, advirtiendo que continuarán denunciando cualquier especulación que ponga en riesgo el futuro de la provincia.
