La Audiencia de Valladolid abrirá juicios a partir del día 1 de octubre contra tres hermanos acusados de contaminar una finca con escorias de aluminio y de haber llevado a cabo esta actividad sin la debida autorización. La empresa vinculada a los acusados se dedicaba al tratamiento de escorias de aluminio y fundición de chatarra de coches, actividad que se realizó entre 2006 y 2018, según han indicado fuentes jurídicas.
Los acusados y los delitos imputados
Los hermanos José María C., Francisco y María de la Flor se enfrentan a penas de más de cuatro años de prisión por delitos contra el medio ambiente y estafa. Se les acusa de haber contaminado gravemente la finca que utilizaron para su labor y posteriormente venderla, ocultando su situación a terceros, quienes planeaban instalar un centro hípico en el terreno. Cada uno de ellos podría ser condenado a tres años y seis meses por el delito ambiental, además de una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación, sumado a otros diez meses de prisión por estafa. A la empresa de los acusados, se le solicita una multa de 21.900 euros.
El caso de la venta de la finca contaminada
La acusación incluye la nulidad de la operación de compraventa de la finca, situada en Renedo de Esgueva, y la obligación de indemnizar a los compradores por los gastos que asumieron al contratar expertos para analizar el suelo y por la imposibilidad de utilizar el terreno para el negocio proyectado.
Durante el juicio, que se extenderá hasta el 3 de octubre, se examinará la responsabilidad de los tres hermanos en esta empresa, la cual contaba con dos naves: una para el almacenamiento de chatarra y otra para los productos obtenidos. Entre 2006 y 2018, se realizaron actividades sin autorización para la gestión de residuos, lo que contraviene la Ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. A pesar de que la empresa recibió una resolución negativa de la Dirección General de Calidad Ambiental en 2006, la actividad continuó, incluso ocultando partes de los materiales contaminantes.
Descubrimiento de la contaminación por los nuevos propietarios
Cuando los compradores intentaron preparar el terreno, notaron la presencia de restos metálicos y un líquido de color negruzco que desprendía un fuerte olor a amoníaco. Tras informar a la Guardia Civil, se realizaron inspecciones que confirmaron la visualización de un terreno sin vegetación y con un color oscuro, además de materiales peligrosos enterrados.
En febrero de 2022, se tomaron muestras de suelo que revelaron altas concentraciones de metales, imposibles de verter sin un tratamiento adecuado, lo que representaba un riesgo para la salud de individuos y el equilibrio de los ecosistemas. Las acusaciones afirman que la actividad de la empresa ha violado múltiples leyes de residuos, incluyendo la Ley 11/2003 de prevención ambiental de Castilla y León.
Costo de la recuperación del terreno
Debido a la contaminación detectada, las nuevas propietarias no podrán utilizar la parcela tal como se planeaba. Se estima que la recuperación del suelo deberá realizarse a un costo de 3.805.479 euros para minimizar las concentraciones de metales y proteger la salud humana y ambiental.
