En el contexto del juicio sobre la denominada ‘trama eólica’, un testigo ha declarado que el extinto consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, promovía una política para favorecer a empresarios locales en la autorización de parques eólicos. Este testimonio apunta a una trama que habría mediado en la obtención de ‘mordidas’ por más de 80 millones de euros durante el proceso de tramitación.
El profesor emérito de la Universidad de Valladolid, José Luis Martínez López-Muñiz, quien se describió como «amigo de bastantes años» de Villanueva, recordó varias reuniones que solicitó para obtener información sobre parques eólicos en dificultades, como el caso de IDER, fundada por Miguel Francisco Álvarez de Toledo. “Conocía a Villanueva desde hacía años y pedí una entrevista a título informativo”, comentó, refiriéndose a un encuentro donde el consejero le dijo que la situación estaba «en marcha y saldría».
Durante esta reunión en el despacho del consejero, Villanueva explicó que la política del negocio eólico consistía en «dar preferencia» a empresarios locales. Martínez López-Muñiz concluyó que un trato de favor podría ser legal, siempre y cuando el ordenamiento lo prevea. Posteriormente, recibió una llamada indicando que el asunto se había «resuelto», sin saber que se refería a la venta de IDER por 28,5 millones de euros a la mercantil SINAE, hoy EDP, a raíz de un chantaje.
Un millón de euros para entrar en una sociedad
En la misma jornada del juicio, testificó Carlos Blanco Bermejo, un exempleado de Four Innovation, quien aseguró que Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, pagó cerca de un millón de euros para convertirse en socio de la empresa tras dejar su puesto en la Junta. Esta declaración se suma a otros testimonios que buscan probar el estilo de vida excepcional y los recursos económicos de Delgado, sugiriendo que esos fondos se utilizaron para convertirse en el eje central de la ‘trama eólica’.
Blanco recordó que, al abandonar Four Innovation en 2014, intentó cobrar más de 17.000 euros. En ese momento, el administrador le sugirió contactar a Delgado para recuperar la deuda a través de una mercantil vinculada a él. Blanco mencionó que solo conoció a Delgado una vez en 2013, y aunque no recordaba el importe exacto que este abonó para unirse a Four Innovation, durante la instrucción mencionó que fueron más de un millón de euros.
El objetivo de Delgado, según el testigo, era participar en SUNN Innovation, un proyecto que buscaba crear una plataforma para fomentar sinergias entre empresas y centros de investigación en innovación.
Responsables de la empresa Eyra, del grupo ACS, también testificaron y negaron cualquier forma de presión por parte de la Junta para incluir obligatoriamente socios locales en sus proyectos eólicos. Leopoldo Iglesias y Ignacio Aquiliano indicaron que seleccionaron a la empresa local Collosa, otorgándole un 30% de participación, por su conocimiento del área para la instalación de aerogeneradores y su capacidad con maquinaria pesada para la obra civil.
Sin embargo, los testigos no explicaron por qué la Junta eligió a Eyra como la única empresa interlocutora válida para el nudo de Medinaceli, a pesar de que en ese momento no estaban desarrollando ningún proyecto en la zona.
Leopoldo Iglesias también manifestó que realizaron unos cincuenta parques eólicos en España, de los cuales doce estaban en Castilla y León, y que no experimentaron problemas con la Junta. “No hubo ninguna exigencia especial”, concluyó.
Por su parte, José Manuel Jiménez Blázquez, exsecretario general de la Consejería de Medio Ambiente entre 2003 y 2007, afirmó que no advirtió cambios en el sistema de tramitación de parques después de 2004, año en que se implementó una polémica avocación que otorgaba a la viceconsejería la última facultad de aprobación, a diferencia de lo que era habitual, que era la intervención de los servicios territoriales de Industria de la Junta.
