Zaragoza, 27 feb. (EUROPA PRESS) – Un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza establece que «no hay inconveniente legal» en vincular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a episodios de contaminación. Esto permitirá restringir el acceso de vehículos a la parte delimitada del Casco Histórico, lo que facilita el inicio de la modificación de la ordenanza municipal que legisla sobre esta área.
De esta manera, se avanza en el cumplimiento de la legislación vigente, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a implementar una ZBE. Además, se asegura la continuación de las ayudas al transporte, que para Zaragoza ascenderán a 22 millones de euros entre 2025 y 2026. Estas ayudas se destinarán a bonificar el precio del billete del autobús urbano y el tranvía en un 40 por ciento, sumando recursos del Ministerio de Transportes y del propio Ayuntamiento de la capital aragonesa.
El informe detalla cómo se adecúa la modificación de la ordenanza de la ZBE al Real Decreto-Ley 17/25, de 23 de diciembre, el cual promueve el uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje, junto con las normas reglamentarias de desarrollo.
Entre los objetivos del informe se encuentran la mejora de la calidad del aire, de modo que se concluye que «no existen inconvenientes legales» para activar estas restricciones durante episodios de contaminación mediante sistemas de alerta, sin requerir que sean fijas ni permanentes.
Asimismo, se indica que cualquier modificación de la ordenanza municipal debe estar conforme a los requerimientos legales. «Cualquier sistema de restricción» que garantice el cumplimiento de los objetivos de la normativa vigente podrá ser utilizado.
Se reafirma que se «seguirán cumpliendo» los requisitos establecidos en el Capítulo III del Real Decreto-ley 17/2025, para acceder a las ayudas directas al transporte público durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Gases y Partículas
El procedimiento para la modificación de la ordenanza municipal de la ZBE deberá seguir el trámite establecido en el reglamento municipal. Después de la aprobación por parte del Gobierno de la ciudad, se someterá a debate y aprobación definitiva por el pleno, previa exposición pública para que se presenten alegaciones y reclamaciones.
El informe de la Asesoría Jurídica determina que cualquier cambio en la actual ordenanza debe cumplir con el Real Decreto 1.052/2022, de 27 de diciembre, que regula las ZBE. Este decreto establece que las medidas deberán ayudar a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático.
Así, la ZBE debe ajustarse al artículo 7, que exige establecer objetivos cuantificables de calidad del aire que supongan mejoras respecto a la situación inicial en su interior. A su vez, el artículo 8 demanda la definición de objetivos medibles y cuantificables para 2030, relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en coherencia con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), prioritizando la reducción del uso del vehículo privado.
La mejora de la calidad del aire en las ZBE debe ser cuantificada, y si se superan los valores legislados, se deberán aplicar las medidas correspondientes.
En Zaragoza, la evolución de los contaminantes en los últimos años ha sido favorable, manteniéndose por debajo de los límites establecidos por la legislación. En 2022, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono mostraron valores de emisión dentro de los límites permitidos.
Las partículas PM10 y PM2,5 no superaron los límites ni en promedio diario ni anual. Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno sí superó los valores límites de calidad del aire en la estación del Picarral.
Actualmente, la ZBE de Zaragoza, en vigor desde diciembre de 2025, restringe el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental (tipo A) en el Casco Histórico de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 20:00 horas. Los vehículos con distintivos B, C, ECO y CERO pueden acceder libremente.
El perímetro de la ZBE está delimitado por las calles Coso, Conde Aranda, Mayoral, plaza de España, paseo Echegaray y Caballero, y calle San Vicente de Paúl.
El origen del informe de la Asesoría Jurídica responde a un encargo del Gobierno de Zaragoza, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica para modificar la ZBE. Esto también busca obtener el apoyo del grupo municipal de Vox para el presupuesto de 2026, apoyo que se consiguió el pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.
