VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) – El promotor eólico Carlos Galdón Cabrera, de Avanzalia, ha acusado al que fuera consejero de Economía, Tomás Villanueva; su segundo de abordo, Rafael Delgado; y la «mano derecha de este último», el abogado Jesús Rodríguez Recio, de someterle a chantaje para desbloquear la autorización final de un parque que promovía en la provincia de Salamanca, hasta el punto de que llegó a pagar tres millones de euros en Mónaco.
El Testimonio de Galdón en el Juicio
La presente jornada del juicio, que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la denominada ‘trama eólica’, la misma que investiga presuntas ‘mordidas’ recibidas por altos cargos de la Junta y empresarios, ha contado en esta ocasión con el testimonio del mencionado representante de Avanzalia, quien ha llegado a tildar de «banda» a los tres implicados tras recordar los graves problemas que tuvo que sortear para sacar adelante sus parques eólicos en Castilla y León, a saber, el de Zarapicos y Peñacabra.
La primera fase del parque de Zarapicos en 2005, con una potencia de un megavatio, la puso en marcha Avanzalia sin problema alguno. Sin embargo, fue ya a finales de 2006 cuando se encontró las primeras dificultades al promover una segunda fase con otros diez megavatios, de cuya paralización ha responsabilizado directamente al consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido; al viceconsejero del ramo, Rafael Delgado; y a su «mano derecha», el letrado Jesús Rodríguez Recio, quienes figuran entre los tres encausados en este proceso. Galdón promovió una reunión con ellos para desbloquear la situación.
“Íbamos con toda la ilusión porque iba a ser la planta más importante de Europa, con diez megavatios, pero durante la reunión vi a Villanueva y a Delgado con una sonrisa cómplice como si estuvieran pensando… estos pajaritos… Nos dieron la mano, nos fuimos y punto,” ha lamentado Galdón. Ha advertido que la planta se encontraba ya concluida tras una inversión de 66 millones de euros y, ante las presiones de los inversores por no contar con autorización, estuvo a punto de sufrir un «infarto, un ictus» porque la situación no acababa de arreglarse.
Chantaje y Autorizaciones
Fue entonces cuando, según su denuncia, Villanueva, Delgado y Rodríguez Recio le enviaron como «emisario» al hoy fallecido Francisco Aguirre, de Aguiase SL, cuyo mensaje, nada más contactar con él, fue que “eran tres millones en Mónaco” para contar con la autorización pertinente para los diez megavatios del parque de Zarapicos. “Le hubiera dado también cinco millones, estaba desesperado y a punto de ir a la cárcel,” ha manifestado Galdón para justificar por qué acabó cediendo a ese chantaje que, casualmente, se tradujo en una autorización administrativa el 28 de marzo de 2007.
Con posterioridad, el 20 de julio de 2007, Avanzalia firmó un contrato de prestación de servicios con Francisco Aguirre por importe de 1,5 millones de euros que, como en el caso anterior, fue abonado en una cuenta en Mónaco. Gracias a la intermediación de esta persona, la mercantil se hizo con el parque de Peñacabra, con una potencia de 100 megavatios, adquirido a Gamesa por 500.000 euros. Galdón ha denunciado que no fue hasta 2013 o 2014 cuando descubrió que se trataba de una «auténtica estafa» porque el parque no llegaba a las 3.000 horas de operación.
Problemas de Conexión y Venta de Plantas
Pese a ello, Galdón ha declarado que Avanzalia siguió adelante en el parque de Zarapicos con una tercera fase, esta vez con una potencia de dos megavatios. Sin embargo, a pesar de que el proyecto se ejecutó en su totalidad, se encontró entonces con el problema de no tener la conexión eléctrica de Iberdrola. El empresario remitió un escrito a la Junta pidiendo amparo frente a la hidroeléctrica, y las presuntas «presiones» de Delgado, Rodríguez Recio y Aguirre terminaron por dar sus frutos. Sin embargo, el ‘peaje’ que Avanzalia tuvo que abonar fue la venta «a precio simbólico» de siete plantas tanto a Delgado como a Aguirre.
“Cada planta tenía un valor de 700.000 euros, pero al final las vendimos por 100.000 euros, por debajo de coste. No me servía de nada tener aquellas plantas sin conexión e Iberdrola no estaba por la labor,” ha lamentado Galdón, quien, a preguntas del propio Rodríguez Recio, que se está defendiendo en la presente causa en su condición de letrado, no ha dudado en reiterar que quien le interpelaba “era la voz de su amo,” en alusión al viceconsejero de Economía.
La Experiencia de Otros Promotores
Idéntica situación ha expuesto también el promotor José María Campos, administrador de Augusta Wind, una de las primeras mercantiles en invertir en Castilla y León en la promoción de parques eólicos, convencida de que en unos pocos años sus proyectos serían una realidad. Pasaron cinco años y el testigo se ha quejado de que no terminaban de llegar los permisos, de allí sus constantes llamadas al EREN para pedir explicaciones y las «largas y excusas recibidas,» hasta que logró una entrevista con el entonces jefe del departamento de Energía Renovable, Rafael Ayuste.
“Me dijo que fuera solo y yo pensé que ¡menudo misterio! En el encuentro me dijo que lo que me iba a contar quedaba entre él y yo y que si se lo echaba en cara algún día, lo negaría. Me contó entonces que el pastel había que repartirlo y que si quería sacar adelante algún proyecto en Castilla y León me proponía cuatro proyectos, pero tenía que renunciar al resto y venderlo al grupo ACS,” ha asegurado Campos, quien también ha manifestado que desde la Junta se le había trasladado la necesidad de dar entrada a socios locales, en lugar de contar como ‘partner’ con la mercantil alemana Nordex.
Así, el declarante y su esposa vendieron sus acciones en Augusta Wind al grupo ACS —la compradora se hizo con los parques de Lora 1, Lora 2, Arroyal y El Páramo—, pero a cambio de un precio de 10.000 euros por megavatio, “muy inferior al de mercado y que ni siquiera cubría los gastos,” ha censurado el promotor. Su socia en Augusta Wind, María del Mar Redondo, ha corroborado palabra por palabra la declaración anterior y ha asegurado que el “sueño” habría sido explotar los distintos parques que promovían y que, según ha apostillado, se vieron obligados a vender a un “precio ridículo.”
Inversión y Relaciones Tensas
La jornada ha contado también con la declaración de Carlos Fernando Marquerie, de la mercantil Four Innovation, en la que Rafael Delgado, una vez abandonados sus distintos cargos en la Junta de Castilla y León, entró como accionista a través de un contrato suscrito el 2 de octubre de 2012, por el cual el exalto cargo se comprometía a abonar cerca de un millón de euros.
Marquerie ha explicado que Delgado nunca llegó a aportar dicha cantidad y ha precisado que su participación se limitó a la compra de acciones por importe de 50.000 euros y al compromiso de desarrollar negocio para la sociedad por ese valor comprometido. “Delgado quería invertir en startups y dijo que iba a entrar con un millón de euros que tenía de patrimonio familiar una vez dejada la Junta,” ha manifestado el testigo, quien ha añadido que en un momento dado Delgado le propuso la entrada de una sociedad polaca participada por Alberto Esgueva, otro de los encausados, pero rechazó el ofrecimiento porque para entonces las relaciones entre ambos ya estaban “tensas y, además, esa empresa no tenía nada que ver con la actividad de Four Innovation.”
