VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El responsable de Iberdrola Renovables entre junio de 1996 y 2025, Xavier Viteli Solaum, ha negado que la sociedad San Cayetano Wind, del empresario Alberto Esgueva, y la denominada Villardefrades Eólica, de Andrés Martín de Paz, obtuvieran un ‘pelotazo’ por la reventa de sus acciones a la hidroeléctrica tras apartarse de la promoción de distintos parques eólicos en Castilla y León. Por el contrario, ha apuntado que lo pagado a ambas mercantiles—más de 47 millones de euros en el primer caso y 4.200.000 euros en el segundo—se ajustaba al «precio de mercado».
La declaración de Viteli se produjo en el ‘macrojuicio’ por la ‘trama eólica’, que sienta en el banquillo de la Audiencia de Valladolid a trece personas, entre altos cargos de la Junta y empresarios, por la supuesta percepción de mordidas superiores a 80 millones de euros. Esta declaración fue a propuesta de las defensas de tres exaltos mandos de Iberdrola también implicados, Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, y ha servido para justificar las distintas operaciones que la compañía llevó a cabo en el periodo investigado con San Cayetano, a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana; y Villardefrades Eólica, del citado Martín de Paz.
Xavier Viteli, en declaraciones recogidas, así como lo ha hecho el actual director de Iberdrola Renovables en Castilla y León, Fernando Martínez Riaza, ha negado que desde altas instancias de la Junta se ejercieran presiones para incluir en la promoción de parques eólicos a socios locales como los anteriores. Aseguró que tal práctica era parte del ADN de la compañía en Castilla y León y otras comunidades autónomas, ya que «ayudaba, por supuesto, a generar confianza en el entorno donde se iba a operar», enfatizando que los ‘partners’ incorporados en su accionariado facilitaban la tramitación con las administraciones y aportaban financiación.
«Prácticamente, todos los promotores buscaban este tipo de alianzas… y era habitual que estos socios ni siquiera estuvieran vinculados en el sector eólico», justificó Viteli, quien recordó el contrato suscrito en diciembre de 2004 con Grupo San Cayetano, a través de Energía Global Castellana, participada al 60% por Iberdrola y en un 40% por el ‘partner’ local, para la promoción de distintos parques eólicos. Este acuerdo no fue, según él, una imposición de la Junta.
Aunque San Cayetano aportó 24.000 euros para entrar en la sociedad, Viteli ha asegurado que también se comprometió con una deuda que ascendía a 13 millones de euros. En 2007, la hidroeléctrica recompró el 40% de las acciones a un precio—en la causa constan más de 47 millones—que «era absolutamente de mercado, incluso un 10% inferior a la media». Afirmó que «el escenario es que el socio quería vender y nosotros queríamos comprar, pero ese precio no fue impuesto por alguien de fuera; esa cantidad se ajustaba a la estrategia de la empresa y las ratios de la operación eran atractivas».
SAN CAYETANO HABRÍA GANADO EL DOBLE DE NO APARTARSE
En ese sentido, el testigo ha insistido en que la recompra de acciones fue muy ventajosa para Iberdrola, pues la puesta en marcha de los parques eólicos proyectados generó beneficios por importe de 500 millones de euros en un periodo de quince años. «Si San Cayetano no se hubiera apartado, habría ganado el doble de la cantidad pagada por sus acciones, aunque también es cierto que tendría que haber invertido 250 millones», agregó.
Asimismo, ha situado el acuerdo para la promoción de parques con Andrés Martín de Paz, quien a través de la sociedad Villardefrades Eólica, y merced a un convenio en enero de 2005, puso a disposición de Iberdrola un terreno para este cometido y entró en la operación adquiriendo el 20% de las acciones. Aunque la operación no se materializó—ya que el emplazamiento no era el adecuado—, Viteli indicó que Iberdrola compensó a Martín de Paz con 150.000 euros por haber mantenido la parcela durante un tiempo a favor de la hidroeléctrica.
El propietario del terreno, al igual que en el caso de San Cayetano, decidió finalmente revender sus acciones a Iberdrola porque, según justifica el testigo, la promoción de tres parques proyectados, con una potencia de 100 megavatios, habría supuesto un desembolso global de 125 millones de euros, de los cuales Martín de Paz tendría que haber aportado 25, liquidez que el testigo supone que no contaba el acusado.
El precio por ese 20% de acciones pagado a Martín de Paz fue de 4.200.000 euros, una cantidad que, al igual que en la operación anterior, Viteli sostiene que «estaba en la media, incluso por debajo de lo pagado a San Cayetano», calificando el acuerdo de muy beneficioso para Iberdrola debido a la rentabilidad obtenida con la explotación de los tres parques promovidos.
A lo largo de su declaración, el exalto cargo de Iberdrola avaló también la idoneidad de los negocios mantenidos con ambas sociedades, excepto la compra de proyectos a Cannon Power, que se hallaban en una fase muy inicial y no llegaron a materializarse. Además, minimizó la participación de su predecesor, el acusado Pedro Barriuso, así como de los también acusados Ricardo Bravo y Rafael Icaza, advirtiendo que Icaza tenía un «papel muy limitado» porque los precios fijados respondían a una «fórmula absolutamente mecánica», y que Bravo, centrado en la parte económica, «se limitaba a comprobar que la operación tenía sentido, era rentable y firmar los acuerdos por normativa de la compañía».
VENTA «BAJO PRESIONES Y COACCIONES»
En contraste, Antonio Reigosa, de NR 33, empresa que formó parte del accionariado de IDER, también interesada en la promoción de parques eólicos en Castilla y León, expuso un panorama completamente diferente. Aseguró que no pudieron llevar a cabo sus planes debido a «presiones y coacciones» de miembros de la Junta que les instaron a vender sus acciones a SINAE, más tarde bajo el nombre de EDP, con la amenaza de «quedarse sin conexión», lo que significaba perder toda la inversión previamente realizada.
Reigosa declaró que este chantaje fue trasladado al consejo de administración por el director de IDER, Manuel Fernández del Campo, tras reuniones con representantes de la Junta. Inicialmente, se consideró la opción de Collosa, pero «las pretensiones eran tan escandalosas que al final se cerró esa posibilidad», recordó Reigosa, añadiendo que la venta del 100% de las acciones se formalizó con SINAE por 28,5 millones, cuando él creía que el precio debió haber sido superior a 250 millones.
«Nos dijeron que teníamos que dar entrada a un socio local pero al final vendimos a un tercero que no era local por un precio que, al igual que el comprador, nos fue impuesto; no hubo otra opción. O aceptábamos o la Junta asignaba la evacuación a un tercero, haciendo inoperantes los parques de IDER», denunció Reigosa, quien sostuvo que no le quedó más remedio que vender sus acciones, por las que obtuvo cerca de 800.000 euros.
Presuntamente, menos rentable fue para EDP la compra de estos parques, pues su representante legal, Rocío Sicre, lamentó posteriormente que las expectativas eran buenas, pero dichas instalaciones en la zona de León, por producción y horas de funcionamiento, resultaron ser «las peores» del grupo.
-. Firma: AEC .-
